Medida afecta a tres ex secretarios
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ex gobernador del Cesar, Hernando Molina Araujo, por posibles irregularidades presentadas en la ejecución de un contrato de interventoría suscrito por la Gobernación de ese departamento por un valor que supera los 580 millones de pesos.
La decisión disciplinaria también afecta a los entonces funcionarios de la Administración Departamental, Gonzalo Quiroz Martínez, en su condición de secretario de Educación; Antonio José Riccardi Calvache, en su calidad de interventor; Luis Carlos Ramírez Ariza, jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos; Martha Vilma Castro Muñoz, en su calidad de coordinadora de la Oficina de Gestión Humana; Adiela Hinojosa Rudas, en su calidad de jefe de la Oficina de Control Interno y a José Eliécer Salazar López, secretario de Hacienda Departamental.
Al parecer, el Gobernador suscribió con una unión temporal un contrato de interventoría (el cual adicionó posteriormente), para efectuar el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en cuatro contratos del sector educación, dos de los cuales ya se habían ejecutado.
En consecuencia, al suscribir el contrato y su adición, habría pagado un servicio que no fue prestado por el contratista, pues dos de estos contratos ya se encontraban ejecutados y no era posible ejercer la supervisión acordada, generando un detrimento patrimonial para el departamento del Cesar por más de 435 millones de pesos.
De otra parte, el Ministerio Público investiga si Molina Araujo reconoció un mayor valor en la conciliación realizada en febrero de 2006, por un servicio que la Unión temporal contratada no prestó, en detrimento del patrimonio departamental del Cesar.
Se cuestiona también la conducta del entonces secretario Gonzalo Quiroz Martínez, quien presuntamente, en su calidad de interventor del aludido contrato y de su adicional, no habría ejercido una correcta vigilancia a la ejecución, pues debía verificar que se efectuara la interventoría a los cuatro proyectos; sin embargo, sabía con certeza que dos de estos contratos ya habían sido ejecutados en su totalidad (pues fue el interventor de los mismos) y pese a ello permitió que la Unión temporal presentara informes que acreditaran una labor realizada con anterioridad por los funcionarios de la Gobernación.
De otra parte, la Procuraduría investiga la conducta del señor Riccardi Calvache, representante legal de la Unión temporal, particular que cumplía labores de interventoría en los contratos estatales, quien al parecer se habría apropiado de más 486 millones de pesos correspondientes al valor pagado por dos de las interventorías, la adición del contrato y el dinero reconocido en la audiencia de conciliación de febrero de 2006.
Finalmente, se formuló pliego de cargos contra Luis Carlos Ramírez Ariza, Martha Vilma Castro Muñoz, Adiela Hinojosa Rudas y José Eliécer Salazar López, quienes en su condición de integrantes del comité de conciliación del departamento del Cesar, habrían aprobado y ordenado el pago mediante la conciliación con la Unión temporal de $51.143.426, por servicios no prestados por una cuantía superior a la legal.