Recientemente el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhia, manifestó en los medios de comunicación que era necesario adicionar 2.000 millones de pesos, para el proyecto de renovación de la Plaza Alfonso López. El costo de este proyecto antes del anuncio de adición bordeaba los 8.736 millones, es decir, que su valor total seria de 10.736 millones de pesos.

Siempre se ha dicho que obras son amores. En efecto, incuestionables. Por la naturaleza pública de los recursos con los que opera el Estado colombiano, los controles que se han diseñado para su gestión son muy exigentes: control interno, fiscal, disciplinario y social, extensas reglas de contratación, criterios de selección y meritocracia para el servicio civil, seguridad digital, lineamientos de archivo y publicación de la información, entre otros. Sin embargo, desde la misma concepción de los proyectos surgen inconvenientes, que van desde errores en la redacción de los pliegos de licitación, pasando por los bajos presupuestos para algunas obras, hasta el afán político por entregar los proyectos. En alguno de estos aspectos es probable que esté vinculado el anuncio de adición para el proyecto de la Plaza Alfonso López.

El panorama de las obras inconclusas es una generalidad en todas las regiones del país. Podríamos emprender un safari por la geografía nacional y en cada una de ellas encontraríamos elefantes blancos. Nuestro territorio no es excepción. En el primer semestre de 2017, la Contraloría General de la República, reveló un informe sobre las obras que quedaron inconclusas o abandonadas en los últimos 15 años en la ciudad de Valledupar. Este despropósito equivale a más de 61.000 millones de pesos, despilfarrados sin pudor alguno por las administraciones de turno. Esperemos que no repita la historia con el alcalde “Tuto” Uhía.

La presente vigencia está vinculada con la connotación del proceso electoral en octubre próximo. El anuncio del alcalde respecto de la adición de $2.000 millones para una obra concebida por $8.736 millones despierta sospechas por la previa electoral y propone la gestión de los organismos de control. Este ejercicio de control institucional es absolutamente necesario, hace parte de las condiciones del Estado Social de Derecho.

Como he anotado las obras son amores e incuestionables. En Valledupar; indispensables, sobre todo, por la posición de la ciudad en el ranking de desempleo. Sin embargo, la gestión por resultados muy pronunciada en el ámbito gubernamental, implica que los gobernantes deben priorizar las inversiones, para producir impactos deseados que generen valor público, en aras de satisfacer un derecho constitucional o resolver los problemas o necesidades de un grupo de ciudadanos. Sobre este apartado hay cuestionamientos en Valledupar, incluso más allá de las pretensiones de la economía naranja, sin embargo, más de 10 mil millones de pesos en inversión siempre merece un análisis de prioridades. @LuchoDiaz12