9 mayo, 2020

Planeación en vigencia del coronavirus

El impacto social, económico y político, generado a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, se encuentra documentado por las diferentes organizaciones dedicadas a la estructuración, caracterización y análisis de la situación de los diferentes sectores de la economía. Cabe resaltar que la influencia del virus tiene abierta la conversación que invoca repensar el orden […]

El impacto social, económico y político, generado a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, se encuentra documentado por las diferentes organizaciones dedicadas a la estructuración, caracterización y análisis de la situación de los diferentes sectores de la economía. Cabe resaltar que la influencia del virus tiene abierta la conversación que invoca repensar el orden mundial vigente, debido a la necesidad de reconstruir la destrucción que está causando la covid-19.

En Colombia, la aparición de la pandemia, coincidió con los procesos de planeación de sus entidades territoriales. Los planes de desarrollo o instrumentos orientadores de la gestión durante el periodo de gobierno, cuatro años, debieron hacer un viraje inesperado en las actividades de diagnóstico, estrategia y plan de inversiones, en aras de replantear las metas e inversiones de cada uno de los indicadores de cada sector respetivo.

Por la situación coyuntural propuesta por la pandemia, el sector salud debe de manera ineluctable tener mayor priorización y focalización de las inversiones. Esto no quiere decir que los demás sectores queden desamparados, sin embargo, son afectados presupuestalmente y en consecuencia, con redefinición de metas. Es decir, las metas de los programas y proyectos de los sectores distintos a salud, pensados para ejecutarse en las dos primeras vigencias del gobierno, seguramente fueron disminuidas y proyectadas para cumplirse en los dos últimos años.

La covid-19 ha introducido cambios para la humanidad, su impacto cada día revela cálculos y nuevos hábitos, explorando necesidades de repensar las situaciones. En esa perspectiva habitan todos los gobiernos del mundo, la misma dirección debieron tomar los alcaldes del país para la estructuración de sus planes de desarrollo.

En Valledupar, el plan de desarrollo, del alcalde Mello Castro, recibió embestidas por parte de los concejales de la bancada del Equipo Azul, el Partido Conservador y la concejala del Partido Liberal Marian Muvdi. Esta postura no merece ningún rechazo ni controversias adicionales, pues, este tipo de decisiones hacen parte de la naturaleza de sus funciones, inclusive del rango que les admite actuar en oposición al gobierno.

El grupo de concejales que votó negativo el Plan de Desarrollo Valledupar en Orden 2020-2023, coinciden en argumentar que la carta de navegación del gobierno municipal no se ajusta a la realidad de la pandemia de covid-19. No obstante, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, enfatizó que el plan se reorientó en el 44,5 % del presupuesto general del cuatrienio al fortalecimiento de la salud integral.

En líneas anteriores, he explicado que la covid-19 ha motivado cambios generalizados en todos los sectores socioeconómicos en sus planes, programas, proyectos, metas e indicadores; he dicho que el sector salud debe atenderse como prioridad y con focalización directa de inversiones. En ese sentido, intuyo que los concejales que votaron negativo el Plan de Desarrollo de Valledupar; probablemente, no comprendieron el enfoque de las inversiones, ni la reacción en cadena que produce la pandemia desde el sector salud hacia los demás.

En Valledupar, la situación de los profesionales de la salud es crítica, reciben pagos extemporáneos, el desempleo y la informalidad galopan a rienda suelta, la inseguridad acecha y destruye algunas tradiciones, los servicios públicos sufren de discontinuidad y la ciudad no tiene identificada claramente su vocación empresarial. Revisar estas problemáticas requiere el concurso del tipo de organizaciones como las que tiene la capital del departamento de Antioquia, me refiero a Medellín Cómo Vamos, la Veeduría Ciudadana, el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (OPPCM) y el Consejo Territorial de Planeación (CTP). Seguramente, mediante estas unidades tendríamos un análisis técnico y constructivo, apartado y muy lejos del simple debate político.