Un segundo mandato de seis años asumió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en medio del rechazo internacional y el éxodo de sus compatriotas que cada día emigran en busca de un mejor futuro en otro país, principalmente Colombia.

La comunidad internacional declaró ilegítima la posesión del mandatario, quien se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia. El éxodo político del vecino país ha sido el punto clave para el desarrollo de un fenómeno social y económico en Colombia, y en los departamentos fronterizos con Venezuela, entre ellos, el Cesar.

Las repercusiones han sido generadas en un fenómeno migratorio a gran escala, al cual el Cesar nunca se había enfrentado, por lo tanto no estaba preparado para esta situación que ha creado una crisis en el sistema económico, desembocando un desequilibrio social con la llegada de 19.878 venezolanos, de los cuales 11.181 están radicados en Valledupar, escenario que ha sido un gran reto para el desarrollo económico del departamento.

La coyuntura generada por el desarrollo legislativo de Venezuela ha tenido repercusiones en el panorama político internacional y nacional, lo que ha ocasionado que hoy este sea el primer tropiezo en el desarrollo geopolítico de Suramérica. Aseveración que fue hecha por el representante del Partido Cambio Radical, Eloy ‘Chichi’ Quintero, quien explicó que este tema es un juego geopolítico de unos intereses que se tienen específicos y que tienen gran repercusión en el Cesar. “Muchas entidades nacionales e internacionales constatan la decisión de rechazar la posesión de este gobierno como así lo afirmamos también los cesarenses quienes hemos vivido a grandes escalas las afectaciones de la crisis política de Venezuela, puesto que hoy el sector salud está más rezagado, pero este panorama no está lejano del juego de intereses que se desarrollan frente a este tema y la influencia que tiene en el desarrollo geopolítico de nuestro país”.

El mandatario tomó posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante el Parlamento, como ordena la Constitución, y estuvo acompañado de los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Cuba, Miguel Díaz; El Salvador, Salvador Sánchez Céren; Nicaragua, Daniel Ortega, y Osetia del Sur, así como el secretario general de la Opep. Lo que ocasionó que la Organización de Estados Americanos (OEA) declarara ilegítimo el gobierno de Maduro, convocando además a los estados miembros de esta a adoptar las medidas necesarias para contribuir a la restitución de la democracia en ese país.

También hizo un llamado para que se realicen nuevas elecciones presidenciales en el vecino país.

SITUACIÓN ACTUAL

Desde el 14 de abril del 2013, tras el fallecimiento del entonces presidente Hugo Chávez Frías, fue electo como presidente Nicolás Maduro, quien según expertos en el tema ha originado la crisis más grande institucional de este siglo en los países de América.

“Venezuela está viviendo una crisis institucional de hace ya varios años, generada por el modelo de gobierno chavista y se han agudizado en el desarrollo del gobierno de Maduro, quien ha llevado al país a las más grande crisis institucional de nuestros tiempos. Este tema tiene una sola consecuencia y es el grito desesperado del pueblo venezolano, y en efecto del pueblo colombiano de un cambio de gobierno”, indicó Cristian José Moreno, actual representante a la Cámara por el Partido de la Unidad Nacional.

El desarrollo de la crisis política ha sido un shock social y económico que ha repercutido en muchos frentes, lo que ha demandado nuevas exigencias para los gobiernos departamentales y municipales, con el fin de mejorar la de atención en salud, primera infancia, educación y vivienda. Sumándose la crisis en el mercado laboral, en las pautas de convivencia y seguridad, en los sistemas de información y registro.

El nuevo panorama político fue explicado por el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, quien habló con EL PILÓN en medio de una serie de visitas a diferentes municipios del Cesar. “Hemos estado en La Paz, en Manaure, sobre todo con lo que implica el tema de la llegada de venezolanos es una preocupación que tenemos y se está incrementando por cuenta de una circunstancia atroz que es la continuación de un régimen de terror que existe en Venezuela a un sátrapa que es el señor Nicolás Maduro que sin ningún proceso democrático está asumiendo el poder de nuevo. Eso nos pone a trabajar en conjunto como Gobierno Nacional, local y territorial para poder establecer una política pública muy seria en términos de recepción de ciudadanos de Venezuela, con una caracterización y con mucha firmeza. El que cometa crímenes y delitos, o el que no se adecue a las estructuras de nuestro país tendrá que ser expulsado. Ese es un tema claro, damos la mano pero no vamos a soltar el control y la búsqueda de la legalidad y el estado de derecho en los territorios. Lo hemos visto en algunos lugares, nos preocupa el fenómeno de linchamientos que se ha venido presentando no solamente en el Cesar también lo hemos visto en La Guajira”, afirmó.

El departamento del Cesar tiene 437.000 personas ocupadas – formal e informalmente-, según cálculos de Fundesarrollo, de acuerdo a la última gran encuesta integrada del 2018. Entre venezolanos y colombo-venezolanos, se calcula que 14.700 de ellos están haciendo presión en el mercado laboral del departamento, de donde 12.500 ya están ocupados, básicamente de manera informal, situación que según la Oficina de Gestión Social se acrecentará debido a la posesión de dicho mandatario.

LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA EL CESAR

“Lo primero es que se haga desde la Gobernación y alcaldías un llamado unísono al Gobierno Nacional para que desde la cabeza se generen estrategias de fondo frente a la crisis migratoria que se está viviendo y que aumentará con esta nueva noticia. Lo que implica mayores recursos para los departamentos, en primera instancia. Segundo, el mejoramiento y ajuste del sistema de salud, educación, lo que permitiría poder generar posibilidades de atención a los migrantes”, agregó Moreno Villamizar.

Asimismo, el dos veces cónsul de Colombia en Venezuela, Eloy Chichí Quintero, dijo que lo más exigente será en el sector económico puesto que las alcaldías y la gobernación deberán afrontar la crisis más de frente.

“Cada día entrara más venezolano a nuestro país y a nuestro departamento y eso tendrá unos costos económicos muy altos para el país, cargados en los alcaldes y los gobernadores quienes deberán atender los traspiés que trae este desarrollo migratorio”, acotó.

Maira Manosalva/ EL PILÓN