Este miércoles se conoció que el Ministerio de Minas y Energía cofinanciará la construcción de infraestructura de redes de distribución para conectar a 25.800 familias de estratos 1 y 2 al servicio de gas licuado del petróleo (GLP) por redes. Los dos proyectos para los departamentos de Nariño y Cesar tienen un costo total de $32.600 millones, de los cuales, el Ministerio de Minas y Energía aportará el 58 % de los recursos, es decir, aproximadamente $19.000 millones.

Específicamente, para el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar, la cofinanciación será por $2.400 millones para conectar a 2.396 familias a este servicio.

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“Con la cofinanciación de estos nuevos proyectos avanzamos en nuestro propósito de seguir cerrando brechas sociales y transformar la vida de miles de familias colombianas, gracias a la conexión al servicio público de GLP por redes, un combustible de bajas emisiones que contribuye a la reducción de emisiones al medio ambiente y a mejorar la salud de los colombianos”, aseguró el viceministro de Energía, Miguel Lotero.

ANTECEDENTES

Hace pocas semanas, la comunidad de Pueblo Bello realizó un plantón frente a la Alcaldía para expresar su rechazo en contra del proyecto que busca implementar en dicho territorio el servicio de gas licuado del petróleo, GLP, “debido a que produce mayor impacto ambiental, tiene mayores índices de toxicidad, inflamabilidad”, y presuntamente la subestación que suministraría el servicio estaría cerca de la Institución educativa Jorge Eliécer Gaitán.

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De acuerdo con Pedro Arias, habitante de esta localidad, los pobladores están en total desacuerdo con la utilización de gas licuado del petróleo porque en un primer momento se consideró que se implementaría el gas natural licuado porque este era más amigable con el ambiente y de menor costo. En ese sentido, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, comentó que la administración municipal decidió optar por el gas licuado de petróleo porque desde administraciones pasadas ha sido imposible llegar a unos acuerdos definitivos con algunas comunidades indígenas que reclaman su derecho a la consulta previa.

Por: Redacción EL PILÓN