Lo que viene claro es que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, como su vice fiscal María Paulina Riveros, no solo tienen evidente formación en sistemas inquisitivos puros de investigación penal, sino que, bajo ese norte de ilusorio eficientísimo penal, indudablemente se solazan con la nefasta practica del derecho penal altisonante por micrófono. Irresponsablemente desprestigiadores de nombres.

No sé si saben o no, que, en la sistemática acusatoria, está legalmente prohibido exhibir, mostrar a los indiciados, imputados, acusados o enjuiciados como responsables de los delitos por los que se les investiga, acusa o juzga, hasta tanto no haya una sentencia definitiva y en firme que declare la responsabilidad penal, por respeto del principio de inocencia y por esa ruta la dignidad humana. El investigado no es una cosa, es un sujeto de derechos.

Un proceso penal, en fase de indagación o investigación, ciertamente requiere de una notitia criminis que se origina en la forma más común y corriente con una denuncia, una querella o de oficio, esto es, si el servidor judicial tiene noticia de la presunta perpetración de un delito, si es competente debe iniciar lo que corresponde, pero si no lo es, le basta enviar al competente la información que tiene y los elementos de convicción con los que cuenta. Ese acto tan elemental se llama compulsar copias.

Lo anterior significa que compulsar unas copias, es un acto absolutamente cotidiano, rutinario en el ejercicio diario de la actividad judicial, empero cuando se difunde con espectacularidad y con ruedas de prensa se produce mucho menoscabo. Y todo indica que se hace a propósito, esto es, adrede abusar del cargo y la función porque se acompaña de toda suerte de relatos descontextualizados de hechos, de precipitados y apretados juicios de valor sobre la culpabilidad o no de quienes son mencionados en la deletérea información que propalan.

Enviar la noticia, escueta o acompañada, de lo que se dice, afirma un declarante o testigo a la incineración moral y a continuación la maliciosa reproducción masiva de los medios de comunicación y de las redes sociales, se ha erigido en la moda de juicios exprés con proterva e inmediata sanción moral y no jurídica-judicial. ¡Esa es la idea!

No sé, pienso que si la era de Montealegre y Perdomo -paradojalmente preparados penalistas- fue un ciclo malhadado hasta los tuétanos, esta de la Fiscalía del ignaro binomio Martínez & Riveros, es ¡una catastrófica ventura! porque son cultores del derecho penal de actor, es decir, del peligrosismo a ultranza, cuasi lombrosianos y además exhibicionistas lectores de galimatías que le redactan los asesores para recitarlos en el podio de la alevosía, sin siquiera entender la nueva sistemática acusatoria que nos rige. El fiscal no es juez.

La Fiscalía General de la Nación es el órgano encargado de la persecución penal en Colombia. Investiga y acusa, nada más, pero nada menos. Los jueces de conocimiento juzgan. Empero Martínez & Riveros aun en las etapas tempraneras de los procesos penales, emplean frases categóricas de que cuentan con pruebas contundentes, solidas o que tienen la certeza no solo de la ocurrencia del hecho sino de la responsabilidad de quien investigan o compulsan copias para que lo hagan. ¡Qué horror! ¡Dios!

Así las cosas, ostensiblemente perverso ha sido la forma como se ha divulgado la compulsación de copias a Ape Cuello Baute, Representante a la Cámara por el departamento del Cesar, porque no solo está amparado por el fuero constitucional de ser investigado, acusado y juzgado por su juez natural la Corte Suprema de Justicia sino por la forma descompuesta e inexacta como filtran cosas para que el imaginario colectivo haga de las suyas. La compulsa ab initio es malévola solo tiene el prurito de descubrir los ambientes hostiles de los días perversos de la patria. ¡Equipo Azul, a la carga!

Por Hugo Mendoza Guerra