Tremendo susto que le pegaron a los colombianos la Presidencia del Congreso y el Ministerio de Hacienda, con la novatada que cometieron en el trámite de la Ley de Financiamiento.

La sacamos barata frente a una Corte Constitucional que ha sido implacable en las sentencias que ha proferido recientemente frente a las decisiones que el ejecutivo ha impulsado para garantizar la seguridad nacional, la lucha contra las drogas la inversión social y el desarrollo económico del país. Pareciera que viviéramos en un Estado, donde las altas Cortes, en un claro rompimiento del equilibrio constitucional de poderes, estuvieran asumiendo un rol más administrativo y político, que judicial.

Debería existir otro mecanismo legal que impida el tránsito de una Ley, si no se está cumpliendo con el debido proceso que exige el reglamento interno del Congreso. La exequibilidad o inexequibilidad de una norma debe obedecer más al contenido de fondo que a la forma. Con la economía del país no se juega. Ojalá esta vez los congresistas aprueben sin dilaciones y coacciones burocráticas, el mismo texto de la Ley, para no afectar el buen desempeño de nuestra economía.

No hay que desconocer que el gobierno también tiene algo de culpa en este y otros descuidos. El equipo de palacio, el más cercano al presidente, el que más le debe cuidar, no ha sido capaz de alertarlo de las situaciones difíciles y salirle al paso, o anticiparse, a las celadas o trampas que rondan las esferas del poder.

Hay muchos altos funcionarios que están gobernando a través de titulares de prensa y de redes sociales. ¿Como explicar que después de diez meses de haberse aprobado y sancionado la Ley de Financiamiento, no se haya expedido el Decreto reglamentario que exime de impuesto de renta a las empresas que van a invertir, por primera vez, en el sector agropecuario a cambio de generar un mínimo de empleos y de inversión? Con el agravante, que tenemos un sector agropecuario en caída libre en todos sus indicadores de gestión.

Otro tema que tiene mortificado y confundido al país, es la política de erradicación de cultivos ilícitos. Pareciera que los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno no estuvieran dando los resultados deseados.

En el debate de control político que le hizo esta semana el Congreso de la Republica, al ministro de Defensa, Guillermo Botero, se anuncian 98.000 hectáreas de coca erradicadas, pero al mismo tiempo se informó que se han resembrado 58.800 hectáreas. Están como las procesiones de Mompox. Dos pasos adelante y uno atrás.

La única forma que los campesinos dejen de cultivar coca es que el gobierno les garantice un cultivo alternativo igual de rentable. Además, deberían de ayudarles con un subsidio de vivienda rural y la legalización de los títulos de sus predios rurales. Un predio sin título, es como una persona sin cédula de ciudadanía.

Otro tema que está desestabilizando al país, son las manifestaciones y paros que promueven a diario los movimientos de izquierda para mantener al gobierno distraído, a la fuerza pública avergonzada y a la economía paralizada. Quizás el factor más perturbador del normal desarrollo de la economía del país.