Luego de que fuera declarado desierto el proceso de licitación del contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de la mayoría de colegios públicos de Valledupar, el personero Alfonso Campo Martínez manifestó que requiere que la administración municipal dé las explicaciones precisas sobre la no contratación en los tiempos requeridos y la realización urgente de este proceso.

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El delegado de esta agencia del Ministerio Público explicó que según el artículo 6 de la Ley 7 de 1979, “todo niño tiene derecho a la educación, la asistencia y bienestar social. Corresponde al Estado asegurar el suministro de la escuela, la nutrición escolar, entre otros, así que ningún contrato ni operador están por encima de la ley”.

Según Campo Martínez, mientras el proceso de contratación se realiza, los estudiantes, que ya llevan cuatro semanas de haber iniciado el calendario escolar, siguen sin recibir alimentos, lo que no es justo con estos niños. Aseguro el personero que esta situación refleja una falta de planeación en la contratación para garantizar la prestación del servicio prioritario como lo es la alimentación a los escolares.

“Los derechos de los niños están por encima de cualquier circunstancia”, explicó el personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, por lo que invita al secretario General, José Juan Lechuga, a que se desarrolle el proceso de contratación de forma prioritaria y al secretario de Educación Municipal, Luis Eduardo Matute, para que brinde acompañamiento al proceso.

Por su parte, el contralor municipal, Edwin Giron Quintana, afirmó: “En principio cuando un proceso se declara desierto es porque los oferentes no cumplieron con los requisitos que exige la misma licitación; sin embargo, llama la atención, teniendo en cuenta que es una necesidad primaria que tiene la población escolar en lo que tiene que ver con el sector público.

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Habría que revisar cómo motivó la misma administración municipal para que se declarara desierta y den a conocer cuál fue su análisis jurídico, financiero y técnico de lo que tiene que ver con los tres componentes de una contratación. En caso de que exista alguna inconsistencia por parte de la administración municipal podría solicitar el acompañamiento de la Procuraduría, que es la que revisa estos temas en el orden de cumplimiento de norma, porque hasta este momento no ha habido ningún impacto patrimonial. Nosotros estaremos atentos si se encuentra una situación que no esté amparado en el marco jurídico”.

Agregó: “El PAE no lo puedo auditar porque no es mi competencia; son recursos que vienen en su gran mayoría del Sistema General de Participación. Aunque hay participación pequeña de la Alcaldía, lo convierten en una sola bolsa, en un contrato, que nos dificulta saber qué porcentaje de cada plato de comida que sirven corresponde al municipio”.

ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ / EL PILÓN
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