Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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Los exempleados mineros capturados por presuntamente obtener pensión de manera irregular mediante un millonario desfalco al sistema pensional se declararon inocentes de los cargos endilgados por la Fiscalía en la continuación de las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, la tarde de este jueves.

En la vista pública, los implicados Nilson Alonso Ospina Herrera, Yimi Rosado Zuleta, Carlos Tulio Mendoza Medina, Jorge Simón Camaño Barrios, Fabio Zuleta Poveda, Hencer Sierra Mendoza, Luis Miguel Gutiérrez Jiménez y Diego Armando Martínez Amara no aceptaron los cargos por los delitos de fraude procesal, estafa agravada y falsedad ideológica en documento público en calidad de determinador, imputados por el ente acusador en el marco de una investigación reconocida como el ‘Cartel de las Pensiones’ o ‘Cartel de los Locos’.

Los argumentos de la Fiscalía para dicha diligencia se debieron a que aparentemente manipularon documentos para alcanzar la pensión mediante incapacidades o enfermedades inexistentes.
“Falsificaron documentos para finalmente obtener una calificación de la perdida de la capacidad laboral por encima, igual o superior a un 50 % y así poder hacerse acreedores a una pensión de invalidez, así como haber inducido al error a funcionarios públicos con el propósito de obtener decisiones en este caso de acto administrativo y haber obtenido un provecho en detrimento de las entidades aseguradoras del país como Colpensiones, Allianz, Alfa, Chubb Colombia, entre otras por valor cuantificado en caso de las nueve personas… por una cifra que supera los $3.600 millones”, expresó el fiscal Gentil De León Mármol, en la audiencia.

A estas personas, de acuerdo a la investigación, se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otros males. Por tal razón habrían logrado pensionarse muchas personas que desde años anteriores pasaron los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias.

“Aquí los implicados hasta esta instancia y por la información que hemos recaudado de forma legal se evidencia que tenían la capacidad de comprender el comportamiento desde el momento en que se sometieron en ese proceso de calificación simulando o fingiendo patologías inexistentes que no obedecían a la realidad para obtener aprovechamiento ilícito de los recursos público o privados, por lo tanto eran conscientes que su actuar estaba prohibido pero que además era exigible actuar conforme a la ley”, agregó De León.

NO LE IMPUTARON A UN CAPTURADO

De los nueve detenidos el pasado miércoles el único que no fue imputado fue Hernán Coronel Daza, por encontrarse incapacitado de salud para comparecer en la diligencia. Por lo que la Fiscalía solamente procedió a su legalización de captura.

“Las personas hoy presentes en calidad de indiciados han lesionado de manera despectiva estos bienes jurídicos que protege el legislador, en este caso la administración de justicia para el fraude procesal, las estafas y la fe pública en la falsificación de documentos públicos y esto se ha realizado sin una justificación válida que los haga exonerar de una eventual sanción de carácter o reproche penal”, puntualizó el fiscal.

Esta investigación que adelanta la Fiscalía 12 seccional inició desde que mediante una fuente obtuvo información de que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar (JRC), presuntamente se emitían dictámenes de pérdidas de capacidad laboral falsos a cambio de grandes sumas de dinero que suministraban los beneficiados, que en su mayoría eran empleados de las empresas mineras carboníferas de Cerrejón, Prodeco y Drummond.

Con esta información las autoridades abrieron indagación de un número determinado de personas, entre esas los nueve detenidos esta semana por detectives del CTI de la Fiscalía en los barrios Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia y Villa Carolina de Valledupar, además del municipio de San Diego y en Bucaramanga, Santander, a donde llegaron los uniformados en respuesta a las órdenes de captura emitidas en su contra por el Juzgado Promiscuo de Pailitas.

Asimismo están siendo procesadas más de 30 personas, entre esos los que eran integrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, los médicos Carlos Arturo Montero Araujo, Eduardo Urbano Marrugo Calderón, Yamile de Jesús Pérez Domínguez y el abogado Mariano de Jesús Amaris Consuegra. Algunos están en proceso de entrar a juicio o ser los primeros en recibir sentencia.

Una vez culminado la imputación de la Fiscalía por los recientes detenidos el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías resolvió suspender la diligencia para continuarla en la mañana de este viernes y resolver la medida de aseguramiento.