Se dice que aconteció en una ciudad de la costa Caribe colombiana: un ladrón decide robar en una casa a la que se introduce furtivamente en horas nocturnas, pero el dueño de esta advierte el hecho y con toda la calma del caso toma su revólver y sorprende al caco, sometiéndolo, lo sienta en su biblioteca y a continuación le pregunta que si sabe leer. A continuación le indica que tome el librito rojo denominado “Código Penal” y lo requiere para que lea dos artículos que para ese momento contenían la descripción de los delitos de violación de domicilio y la legítima defensa. Cuando este terminó de leer le preguntó que si había entendido lo que allí se expresaba y este respondió que sí, y expresándole “es para que sepas” procedió a dispararle, dándole muerte. Aquí cabe preguntar es eso legítima defensa? La respuesta es fácil. Al ejecutor, un conocido abogado, lo apodaron “la ley pelúa”. Realidad o leyenda, no sé, pero viene al caso.
Pero aquel médico que transitaba sobre el puente peatonal en Bogotá y entonces (versión 1) se le aparecen cuatro inocentes criaturas, rosario de la virgen en mano, y él en un acto premeditado, doloso, sacó su pistola 9 milímetros y los asesinó a sangre fría, calculadamente. Aún más ya había practicado en la escena y por eso no erró ninguno de sus disparos. O la otra versión, la real: un ciudadano, médico de profesión, que va caminando de noche por una vía pública, supuestamente vigilada, rumbo a su hogar, se encuentra inesperadamente con cuatro sujetos que lo atacan, lo agreden, le disparan y él respaldado por su instinto de conservación y la misma ley desenfunda su arma, que es una pistola automática y da de baja a sus agresores, no a sus presuntos agresores porque aquí la agresión no admite dudas. Los personajes eran y actuaron cómo unos rufianes, delincuentes- con antecedentes y todo- será que el galeno cometió delito?
Escribo esto sin saber exactamente qué va a decidir sobre ese caso la Fiscalía General de la Nación, pero no entendería que le imputaran cargos, sería un mal mensaje, es como si nos dijeran si lo van a agredir, robar y asesinar y usted puede defenderse no lo haga porque comete delito, déjese matar, no se meta en líos. Ese doctor debe salir incólume en materia penal, aunque de pronto lo multan por lo del salvoconducto vencido, pero eso es ya de menor cuantía.

Pero lo que queda nuevamente en evidencia es la incapacidad física de la Policía Nacional – y no la estoy señalando acusadoramente- de garantizar plenamente en nuestras calles los derechos ciudadanos. Es que la delincuencia está desbordada y no únicamente en Bogotá. Entonces viene la inquietud de cual camino tomar.

Pienso que la legítima defensa puede y debe ejercerse individual o colectivamente y que el escenario son nuestras calles y barrios. Hay que pensar seriamente en la formación de grupos de vigilancia de carácter cívico, sin armas, preventivos, de apoyo a la autoridad legítima y a mí me gustan muchos las Juntas de Defensa Civil que por norma legal se encuentran adscritas a la Defensa Civil Colombiana (DCC). En sus estatutos se lee que estos colectivos pueden implementar las medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo ( léase delincuencia común) o de la naturaleza puedan provocar sobre la vida, la moral y bienes del conglomerado social. 

He allí una vía legal, probada ya cómo efectiva sin que genere mayores costos. Ese tipo de acciones las debe liderar el alcalde directamente o por delegación el secretario de gobierno. Es una herramienta legal, convoca y aglutina a la ciudadanía y refuerza la condición de adalid de la que deben hacer gala los mandatarios locales. No todo es obra civil.