EL PILÓN publica este artículo publicado el viernes cuatro de julio en el periódico El Tiempo, de la periodista Adriana La Rotta, galardonada y profesional de los medios, con amplia experiencia en América Latina, Asia y los Estados Unidos. Directora de relaciones con los medios en AS/COA.

NUEVA YORK. En enero de 1965 un juez en el estado norteamericano de Virginia le negó a un matrimonio, compuesto por un hombre negro y una mujer blanca, el derecho a vivir en esa jurisdicción. En aquel entonces los matrimonios interraciales estaban prohibidos en Virginia, y para sustentar su decisión de expulsar a los cónyuges el juez Leon Bazile explicó: “Dios Todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las colocó en continentes separados. El hecho de que Él separó las razas muestra que no era su intención que se mezclaran”.

El matrimonio entre personas de diferente raza siguió siendo ilegal en 17 estados de la unión norteamericana hasta mediados de 1967, cuando la Corte Suprema declaró inválidas todas las leyes que lo prohibían. Aunque la sentencia de la corte empezó a regir de inmediato en todo el país, no fue sino hasta el año 2000 cuando el estado de Alabama aprobó la eliminación de un artículo en su Constitución que proscribía los matrimonios interraciales.

Esta lección abreviada de historia sirve para ilustrar el hecho de que las sociedades evolucionan a medida que sus costumbres y valores cambian. Lo que alguna vez fue inadmisible deja de serlo cuando la gente aprende a aceptar y respetar las opciones de los demás. Y en países democráticos, las leyes y las políticas públicas acompañan los valores de la sociedad.

En la Inglaterra del siglo XVII, la edad legal para contraer matrimonio era de 12 años para las mujeres y de 14 para los hombres. En China, durante casi nueve siglos, las mujeres tenían que usar vendas que les fracturaban el arco y los dedos de los pies, porque tener pies diminutos era considerado sinónimo de estatus y belleza. En Australia, hasta hace 25 años, un hombre que violaba a su esposa no era visto como un delincuente. Ninguna de estas prácticas es aceptada hoy en día, y en cada caso ha surgido legislación que confirma esa evolución.

De la misma manera, hace tan solo dos generaciones tener una opción sexual distinta a la heterosexual era considerado aberrante y hasta criminal. Desde los púlpitos, las curules parlamentarias y los despachos de gobierno en naciones de todos los continentes, la homosexualidad era condenada como una enfermedad que, se decía, amenazaba con corroer las estructuras morales de la sociedad.

Pero la sociedad, particularmente en los países occidentales, ha evolucionado y entiende que todas las preferencias sexuales deben ser respetadas y que gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y miembros en general de la comunidad LGBTI tienen derecho a abrazar su identidad, sin sufrir discriminación y sin que se los prive del estatus y los beneficios legales a los que tienen derecho el resto de los ciudadanos.

La semana pasada, en Estados Unidos, la Corta Suprema supo leer correctamente esa evolución de los valores y, medio siglo después de que lo hiciera con el matrimonio interracial, decretó la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Colombia la marea de la historia va en la misma dirección, y la administración del presidente Santos, en una interpretación acertada de lo que quiere la sociedad, le ha pedido a la Corte Constitucional consagrar la igualdad, que, en la práctica, muchos colombianos ya reconocen.

Aprobar la igualdad del matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo es una oportunidad de hacer historia que la Corte Constitucional colombiana no debe desaprovechar. Porque, como diría Thomas Jefferson, el principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, cuyo aniversario se conmemora precisamente hoy 4 de julio, “para progresar es imprescindible cambiar”.

Por Adriana La Rotta