Escazú, Costa Rica, fue el escenario en el que, en 2018, diversas naciones de América Latina y el Caribe se acogieron al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Según se lee en el documento de Naciones Unidas, los principales objetivos de este acuerdo son “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

Colombia –una de las naciones más inseguras para los defensores ambientales, de acuerdo al informe de la ONG Global Witness- se une a la voluntad de ratificar el Acuerdo, junto a otros trece países. En el Cesar, “pese a la corrupción administrativa”, ambientalistas ven con buenos ojos la aplicación de ‘Escazú’. 

Susana Muhamad, ministra de Ambiente, en diálogo con W Radio dijo: “Se da un compromiso y entramos a hacer parte de una convención internacional que nos compromete a una defensa de los defensores ambientales, a darles todas las garantías para que puedan participar en las decisiones públicas que tienen que ver con lo ambiental. Esto significa entregarles la información, que se enteren qué va a pasar en sus territorios y que rindamos cuentas con otros países en América Latina sobre cómo avanzamos en ese proceso de más participación, democracia y defensa de los liderazgos ambientales en el país”. 

El Acuerdo no ha dejado de recibir críticas por parte de los sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Se ha manifestado que podría sobrevenir una pérdida de la soberanía del país y desconfianza de inversionistas. Frente a esto, la Ministra aseguró que son “críticas infundadas”.

“Esta es una convención como cualquier otra que ya ha firmado Colombia. Por ejemplo, la convención de biodiversidad o del clima. Es un tratado de cooperación, donde el país se compromete a unos estándares y lo que hace cada año es reportar con los otros países y en cooperación internacional, ayudarse mutuamente. En ningún momento hay una afectación a la soberanía. El Acuerdo, además, va a mejorar el clima de inversión internacional, porque las autoridades ambientales van a tener que ser claras sobre las condiciones ambientales para hacer proyectos”, sostuvo. 

De otro lado, Carolina Vargas, coordinadora de educación ambiental de la fundación Planeta Silvestre y del Foro Ambiental del Cesar, en diálogo con el PILÓN, afirmó: “Para nosotros, las personas que trabajamos en estos temas ambientales, es bastante reconfortante porque se nos va a tener en cuenta las luchas que venimos liderando. Hemos tratado de defender los recursos naturales, pero la corrupción lo que quiere es acabar, porque ve allí la oportunidad de obtener muchos recursos a cambio de vender el agua, de vender tierras que son áreas protegidas”.

La ambientalista se mostró preocupada por la poca participación de la comunidad en procesos ambientales y por la toma de decisiones administrativas, con repercusión ambiental, sin tener en cuenta a los habitantes del territorio.

“En estos momentos hay poca participación de la comunidad en materia ambiental. Es una de las grandes luchas que tenemos. Aquí se toman decisiones sin la participación ciudadana. En lo absoluto, no nos damos por enterados de las cosas que se van a hacer. El gobierno de turno hace lo que le parece, lo que quiere o lo que le conviene y los ciudadanos somos los últimos en enterarnos. Hay un desorden institucional impresionante”, concluyó. 

POR: ALEXANDER GUTIÉRREZ/ EL PILÓN