La Asamblea del departamento del Cesar aprobó en sesiones extraordinarias la autorización al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, para comprometer vigencias futuras del presupuesto con el fin de contratar el Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante el año 2020 en 24 municipios del Cesar.

La principal crítica durante el debate de aprobación estuvo relacionada con los tiempos para la organización del proyecto. Al respecto, el secretario de Educación del Cesar, Luis José Rodríguez, indicó que el contrato ya está en página.

“Esperamos que aprobando el proyecto el día lunes, se podrían colgar los pliegos definitivos arrojando un cronograma en el que se estaría firmando contrato el día 22 de enero, y tenemos previsto que el inicio de calendario escolar sería el 27 de enero. Con eso garantizamos que iniciemos con el calendario escolar el Programa de Alimentación Escolar”, señaló Rodríguez.

Sin una cifra exacta, el proyecto inicial ronda los $15.000 millones de pesos para ofrecer el servicio en los 24 municipios del departamento por 38 días del calendario escolar, entregando 135.000 raciones por día, según información oficial.

Al respecto, el diputado del Cesar, Camilo Lacouture, señaló que se debe realizar controles sobre este tipo de controles por los antecedentes en el departamento y el país.

“Sabemos de las dificultades que es llevar estos programas y hay que decirlo, tiene muchos señalamientos de actos de corrupción. Eso no es solamente en el Cesar y la costa Atlántica, es en toda Colombia. Por eso invitamos a las veedurías al control político que nos corresponde y estar atento para denunciar cuando no se cumpla a cabalidad con este programa”, argumentó Lacouture durante la aprobación.

En ese sentido, los diputados realizaron la autorización siguiendo una recomendación de la Procuraduría. Y es que el pasado 21 de octubre, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 017 del 2019 firmada por el procurador Fernando Carrillo y dirigida a la ministras de Educación, María Victoria Angulo, gobernadores, alcaldes de municipios certificados, asambleas y concejos.

El asunto era para solicitar a las autoridades encargadas que el servicio de alimentación, y el transporte escolar empiece a la par del calendario electoral en el 2020.

“A las autoridades territoriales les corresponde la de apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar”, reza el punto cinco de la directiva.

INVESTIGADOS

El último escándalo por este programa tiene en problemas con la justicia al último secretario de Educación. A finales de noviembre, con medida de aseguramiento no privativa de la libertad fueron cobijados los exsecretarios Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, además de la contratista Ivis del Carmen Rosado, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la ejecución PAE en el Cesar para el año 2015.

Los tres están vinculados a la investigación por los delitos de peculado agravado, prevaricato y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de los cuales se declararon inocentes.

POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
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