El reconocido jurista mexicano Miguel Carbonell comentaba la semana pasada a través de su cuenta de Twitter, haciendo referencia a la rama legislativa de su país, que: “En el senado se supone que están los políticos más experimentados y capaces. El nuestro es la excepción”. Tal aseveración no es ajena a lo que ocurre en el Estado colombiano, es esa la realidad de nuestra desnaturalizada democracia representativa. Aquí algunos congresistas no sólo han demostrado su inexperiencia e incapacidad para afrontar los retos consustanciales de la función legislativa, sino también cómo se mueven como peces en las aguas turbias de la ilegalidad. Por estos días los gérmenes de la corrupción han salido a flote quizás de una forma que ni sus propios actores lo esperaban, el telón ha ido cayendo poco a poco, se ha podido apreciar cómo este virus ha operado desde hace mucho tiempo en el interior de las instancias jurisdiccionales, legislativas y ejecutivas del país, una mafia completa.

Tal vez sea coincidencia, aunque lo dudo, que los mal llamados padres de la patria involucrados en escándalos de corrupción. como el de Odebrecht y los sobornos a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para frenar investigaciones y libramientos de ordenes de captura, sean aquellos que poco hacen en el congreso, esos que no saben qué es un control político y una proposición legislativa seria, pero sí saben que es una gestión, la apetecida gestión que los ha llevado a ser unos calienta sillas en el capitolio nacional y coetáneamente unos verdaderos comercializadores de contratos estatales y de votos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Musa Besaile y Bernardo Elías son muestra fehaciente de este modo de hacer política que hoy los tiene al borde del abismo, o mejor, de la picota.

En Colombia la corrupción no ha tenido límites, se ha venido paseando por todas las ramas del poder público. Lo último que se conoció fue cómo venía funcionando dentro de la rama judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia. Esto no extraña, simplemente se ha hecho público algo que se ha venido presentado desde otrora y que sólo era objeto de comentarios en pasillos, ascensores y cafés.

Adhiero a la posición de muchos conocedores del tema justicia y derecho, cuando afirman que parte de la penetración de la corruptela al ámbito jurisdiccional tiene su génesis en aquel momento en el que la Constitución Política de 1991 dio a los magistrados de los órganos de cierre de las jurisdicciones la opción de interferir en la elección de funcionarios de alto nivel. Por supuesto, esto tenía, en principio, varios propósitos, uno de ellos era el de la implementación y/o armonización del sistema de pesos y contra pesos, pero lastimosamente con las actitudes y aptitudes criminales que caracterizan a muchos servidores públicos, la balanza se terminó inclinando hacia el lado de la corrupción. Soy defensor de la Carta del 91, pero hay que reconocer que este fue un gran error, politizar la justicia, o judicializar la política.

El tópico de congresistas y magistrados no se excluyen entre sí, en medio de esta relación criminal se ha ido construyendo una cultura ilegal muy robusta. Ahora comenzamos a entender muchas cosas, como por ejemplo cómo congresistas salían bien librados de investigaciones, seguían gestionando, que es su palabra preferida, se seguían lanzando a la arena política, y como siempre, los seguían eligiendo.

En el Cesar estamos a la espera que se defina lo de Alfredo Cuello Baute y José Alfredo Gnecco, quienes fueron mencionados por algunos personajes que ya hacen parte de las investigaciones del caso Odebrecht y los sobornos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sería triste y penoso que llegasen a tenar algún tipo de responsabilidad, porque de trabajo legislativo muy poco, ¿Para salir ahora con esto?

@camilopintom

Por Camilo Pinto Morón