El abogado Carlos César Silva, quien es especialista y magister en Derecho Público, así como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Ideas Políticas, y la politóloga magister en Gobierno y Administración Pública, Manuela Sanín, realizan un análisis acerca del hecho que el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fuera declarado culpable en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante.

¿Qué análisis político puede dar al caso del gobernador Luis Alberto Monsalvo?

CCS: Frente al fallo expedido por la Corte Suprema de Justicia contra el gobernador Luis Alberto Monsalvo por el delito de corrupción al elector creo que el pueblo del Cesar debe ser prudente, puesto que todavía falta que dicha sentencia se confirme en la segunda instancia. De todas maneras, esta decisión judicial comprueba que no hay personas intocables en nuestro sistema jurídico y que más temprano que tarde vendrán mejores tiempos para nuestra política regional.

M.S: Este es un caso que viene desde su primera campaña. Sin embargo, hay que ser prudentes y esperar la sentencia el próximo 27 de julio, mientras tanto Luis Alberto sigue siendo el gobernador; incluso hay que esperar que apele a segunda instancia. Tendremos certeza de lo que pueda pasar en siete meses más o menos.

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¿Considera que la institucionalidad corre riesgo ante un posible cambio de gobernador?

CCS: No. La Constitución y la ley estipulan con claridad qué debe hacerse en estos casos: primero el presidente de la república, Iván Duque, debe designar un gobernador encargado, y luego, si se confirma el fallo en segunda instancia, se debe convocar a elecciones. Claro, esto es algo traumático para el Cesar, pero las instituciones siguen vigentes y hay mecanismos para solucionar el problema.

M.S: Claro que sí. Desestabiliza políticamente el departamento porque crea incertidumbre frente a lo que pueda pasar y lo desestabiliza a él como gobernante. Está la incertidumbre frente a lo que pueda pasar y un eventual cambio de gobernador; el departamento tendría este cuatrienio tres gobernadores de ser Luis Alberto inhabilitado: uno que encarga el presidente del país y el que se elija luego en propiedad, ya sea por elecciones o por terna.

Los que lo respaldan al gobernador dicen que ‘no pecó’ en prometer mejores condiciones a los habitantes de una invasión. ¿Qué opina al respecto?

C.C.S: Es normal que los aliados del gobernador digan que no cometió ningún delito, pero eso solo puede determinarlo la justicia. Hay que confiar en nuestras instituciones judiciales y también hay que presumir la inocencia del gobernador, quien todavía tiene mecanismos para seguir defendiéndose.

M.S: No se trata de pecar o no. Siempre hay que actuar conforme a la Ley y lo que se hizo no es legal. Muchas veces el fervor de la campaña hace que se pierda la noción de legalidad y se confundan algunos “actos” de campaña. Luis Alberto será inocente mientras la Corte no declare lo contrario.

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Se habla del delito de corrupción al sufragante. ¿Qué concepto tiene de este fallo?

C.C.S: Sobre el fallo no puedo decir mucho porque la lectura del mismo no se ha realizado. Por eso es oportuno esperar. Cuando sea el caso, podemos hacer un análisis jurídico y académico del mismo.

M.S: De tipo penal electoral como perturbación al certamen democrático o constreñimiento al sufragante.  En este caso el delito es “el que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la Ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo; o que por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, votación en determinado sentido”.

El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados anteriormente de igual forma incurrirá en el delito. En este caso, el gobernador hizo una promesa y firmó.

Es costumbre de esta región que políticos hagan compromisos con los líderes comunitarios en tiempos de campaña, pero en la actualidad la gente ya no cree en estos, por lo que hacen firmar a los candidatos. ¿Cómo percibe esta situación?

C.C.S: Esa es una práctica que no solo es ilegal, sino que también afecta a la democracia. Este tipo de pactos son dañinos para las instituciones políticas.

M.S: Las campañas políticas en la región han desdibujado la razón de ser de una campaña política porque no se crean para hacer compromisos con líderes comunitarios, sino que en estas se convence con propuestas en torno a un programa de gobierno, frente al que la población libremente elige con el que más se sienta identificado.  Esto ha llevado a estas circunstancias y eventos como la que pasó con la campaña de la gobernación de Luis Alberto Monsalvo.

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Considera que ¿es el fin del grupo político de los Gnecco?

C.C.S: De confirmarse el fallo en segunda instancia sin lugar a dudas ese grupo político sufrirá un enorme impacto. Pero eso no garantiza que pierdan vigencia, pues es el pueblo quien decide en las urnas.

M.S: Hablar del fin de la casa Gnecco me parece un poco apresurado.  Su estructura política es mucho más grande que la Gobernación; tienen senado, varias cámaras y alcaldes aliados en el departamento.  Hay que ser prudentes y esperar como se desenvuelve todo.

POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ / EL PILÓN
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