Está a punto de terminar el actual semestre académico y hasta la fecha persisten los innumerables problemas de deficiencia nutricional en muchos municipios del departamento del Cesar.
Ese tema se ha vuelto repetitivo años tras años, siempre el primer semestre escolar se desarrolla con muchas dificultades para los colegios oficiales tanto en los municipios certificados por el Ministerio de Educación, como es el caso de Valledupar, como en los no certificados del departamento del Cesar, los cuales vienen a ser la mayoría.
Es un ciclo de situaciones que anualmente se escenifican en protestas, diversas manifestaciones y en ocasiones se llega hasta las vías de hecho por parte de estudiantes que reclaman lo que por derecho propio les corresponde como es la alimentación escolar.
A eso también se le suma el componente de transporte escolar, que por lo general siempre se contrata y se pone al servicio de los estudiantes mucho tiempo después de haber iniciado sus actividades académicas, lo cual obliga a los educandos, y a los padres de familia, arreglárselas de alguna manera para poder asistir a clases, a veces los niños ponen en peligro su integridad física.
Ambos componentes son una obligación del Estado, pero en los dos casos, paradójicamente, el trámite legal impide que ese servicio se brinde de manera oportuna, es decir, por ser legalistas de paso se incumple con un compromiso constitucional. Pasan los meses, los semestres y hasta los años y el problema persiste, no ha habido forma de resolver ese entuerto desde el punto de vista normativo.
La contratación del Programa de Alimentación Escolar, conocido como el PAE, requiere de un proceso más ágil, pero no, siempre tiene que someterse a la rigurosidad de los tiempos que demanda una licitación pública que por norma debe darse entre 45 y 60 días hábiles.
Es un círculo vicioso que siempre se da al principio de cada año lectivo, tal como periodísticamente lo ha reportado EL PILÓN, en el que se observa como los estudiantes acusan a los colegios, los rectores a la Secretaría de Educación del Cesar y el ente departamental culpa al Gobierno nacional aduciendo demoras en el giro de los recursos, entre otros aspectos. Mientras tanto los estudiantes avanzan sin ese servicio esencial, tal vez por eso los niveles de desnutrición infantil, en niños con edades escolares, en esta parte del país se tornan muy preocupantes.
Por todo ello, es urgente que, en términos de la contratación de la alimentación escolar, se revise y se modifique el principio de anualidad, el cual establece que “las administraciones públicas deben contener la previsión anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio en curso”, eso impide que contractualmente ese servicio se pueda definir con anticipación para que inicie de manera conjunta con el año lectivo.
Lo cierto es que esa situación no puede continuar, para evitar que a estas aturas del año todavía haya problemas como el que se está presentando en estos momentos en el municipio de Pelaya, solo para mencionar un caso.
Es un tema tanto presupuestal como normativamente complejo, en eso deben pensar a fondo los mandatarios locales y departamentales que serán elegidos el próximo 29 de octubre, como también el mismo Gobierno nacional. Nuestros estudiantes lo necesitan.