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Política - 12 septiembre, 2013

¿Otro plan de traslado para la Cárcel Judicial?

La Cárcel Judicial vuelve a sonar dentro de un plan de traslado, esta vez por voluntad de la Gobernación del Cesar; los Diputados tienen en su mesa la autorización de compra de un lote.

Los Diputados de la Asamblea Departamental, tienen en sus manos la autorización al Gobernador del Cesar para la compra de un lote, destinado a una nueva cárcel para la ciudad.
Los Diputados de la Asamblea Departamental, tienen en sus manos la autorización al Gobernador del Cesar para la compra de un lote, destinado a una nueva cárcel para la ciudad.

La Asamblea Departamental ha sido llamada a sesiones extraordinarias por la Gobernación del Cesar, para debatir en tres oportunidades, la autorización al Gobernador Luis Alberto Monsalvo sobre la compra de un lote, destinado al traslado de la Cárcel Judicial de Valledupar.

Camilo Lacouture Ackerman, vicepresidente de la Asamblea, dijo que hasta el momento el Gobernador Monsalvo está solicitando la autorización de la compra del lote, con especificaciones técnicas fijadas por el INPEC, sobre el tamaño del terreno que sería de 15 hectáreas.

Tres mandatarios municipales, Ochoa Daza, Pérez Oñate y Pupo Martínez, realizaron acciones de compra, donación y cesión de activo de un terreno, que el INPEC utilizó para la construcción de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, sin que se solucionara el hacinamiento de  la Judicial y mucho menos su traslado.

Sin embargo, es un asunto de vieja data el traslado de la Cárcel Judicial: Elías Ochoa Daza, alcalde de Valledupar en 1997, compró un terreno avaluado en 45 millones de pesos, para la construcción de la Penitenciaría; en el periodo siguiente, el alcalde Jhony Pérez Oñate, donó al INPEC el terreno, a través de escritura pública del año 1998.

La finalidad del lote a donar, según la escritura pública, era construir la cárcel del municipio de Valledupar por parte del INPEC para contribuir con la solución del problema de hacinamiento carcelario que vivía entonces (y vive actualmente) la Cárcel Judicial, y la necesidad de traslado de la misma.

“Estamos haciendo el análisis pertinente porque no queremos caer en el error de que vuelva el INPEC a burlarse de un ente territorial como el Municipio, y tenemos que puntualizar esta ordenanza,  para que así el Gobernador en su buena intención no sea defraudado”, dijo Camilo Lacouture Ackerman, vicepresidente de la Asamblea.

Según análisis hecho a la escritura pública y su punto D, por parte de fuentes jurídicas del Diario EL PILÓN,  el INPEC abusó de la confianza legítima al no hacer el traslado de la Cárcel Judicial, hecho probado hasta la fecha y sustentado con el actual hacinamiento que la Personería de Valledupar ha denunciado en múltiples oportunidades.

De tal manera, los Diputados del Cesar, manifiestan que evaluarán las formas de autorizar  al Gobernador para que en la compra de un nuevo lote, se exija al INPEC que una vez construido el centro penitenciario se traslade de una vez por todas la Cárcel Judicial.

“El lote estaría cercana a la cárcel de Alta y Mediana Seguridad, y me imagino que el Gobernador entrará a hacer esos procesos con los dueños de los predios; él sabrá cuál es la mejor opción”, concluyó el diputado Lacouture.

 

Política
12 septiembre, 2013

¿Otro plan de traslado para la Cárcel Judicial?

La Cárcel Judicial vuelve a sonar dentro de un plan de traslado, esta vez por voluntad de la Gobernación del Cesar; los Diputados tienen en su mesa la autorización de compra de un lote.


Los Diputados de la Asamblea Departamental, tienen en sus manos la autorización al Gobernador del Cesar para la compra de un lote, destinado a una nueva cárcel para la ciudad.
Los Diputados de la Asamblea Departamental, tienen en sus manos la autorización al Gobernador del Cesar para la compra de un lote, destinado a una nueva cárcel para la ciudad.

La Asamblea Departamental ha sido llamada a sesiones extraordinarias por la Gobernación del Cesar, para debatir en tres oportunidades, la autorización al Gobernador Luis Alberto Monsalvo sobre la compra de un lote, destinado al traslado de la Cárcel Judicial de Valledupar.

Camilo Lacouture Ackerman, vicepresidente de la Asamblea, dijo que hasta el momento el Gobernador Monsalvo está solicitando la autorización de la compra del lote, con especificaciones técnicas fijadas por el INPEC, sobre el tamaño del terreno que sería de 15 hectáreas.

Tres mandatarios municipales, Ochoa Daza, Pérez Oñate y Pupo Martínez, realizaron acciones de compra, donación y cesión de activo de un terreno, que el INPEC utilizó para la construcción de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, sin que se solucionara el hacinamiento de  la Judicial y mucho menos su traslado.

Sin embargo, es un asunto de vieja data el traslado de la Cárcel Judicial: Elías Ochoa Daza, alcalde de Valledupar en 1997, compró un terreno avaluado en 45 millones de pesos, para la construcción de la Penitenciaría; en el periodo siguiente, el alcalde Jhony Pérez Oñate, donó al INPEC el terreno, a través de escritura pública del año 1998.

La finalidad del lote a donar, según la escritura pública, era construir la cárcel del municipio de Valledupar por parte del INPEC para contribuir con la solución del problema de hacinamiento carcelario que vivía entonces (y vive actualmente) la Cárcel Judicial, y la necesidad de traslado de la misma.

“Estamos haciendo el análisis pertinente porque no queremos caer en el error de que vuelva el INPEC a burlarse de un ente territorial como el Municipio, y tenemos que puntualizar esta ordenanza,  para que así el Gobernador en su buena intención no sea defraudado”, dijo Camilo Lacouture Ackerman, vicepresidente de la Asamblea.

Según análisis hecho a la escritura pública y su punto D, por parte de fuentes jurídicas del Diario EL PILÓN,  el INPEC abusó de la confianza legítima al no hacer el traslado de la Cárcel Judicial, hecho probado hasta la fecha y sustentado con el actual hacinamiento que la Personería de Valledupar ha denunciado en múltiples oportunidades.

De tal manera, los Diputados del Cesar, manifiestan que evaluarán las formas de autorizar  al Gobernador para que en la compra de un nuevo lote, se exija al INPEC que una vez construido el centro penitenciario se traslade de una vez por todas la Cárcel Judicial.

“El lote estaría cercana a la cárcel de Alta y Mediana Seguridad, y me imagino que el Gobernador entrará a hacer esos procesos con los dueños de los predios; él sabrá cuál es la mejor opción”, concluyó el diputado Lacouture.