Se viene otro conejo. El Gobierno se prepara para bajarse de su compromiso de que la ciudadanía refrende los acuerdos alcanzados con las Farc. Para evitar el referendo, que exige preguntas separadas para cada punto que modifique la Constitución, el gobierno se inventó un engendro de plebiscito al que le puso un umbral de mentiras y al que pretende darle carácter de jurídicamente obligatorio sin que pueda serlo. Por eso la Corte Constitucional tumbará ese engendro. Con el aplauso de Santos que sabe que, aunque el umbral sea de mentiras, con 15 % de popularidad corre el riesgo de ser derrotado en las urnas.

Ahora en Casa de Nariño se prepara otro embuchado. Lo dijo Montealegre en una entrevista antes de irse de su cargo y lo ratificó la revista Semana, tan cercana al círculo presidencial. Sostuvo el exfiscal que “lo que se firme en La Habana sobre justicia y desarme tiene la naturaleza de un acuerdo especial. Al finalizar el proceso de paz, se firmará un tratado de paz que tendrá el mismo rango de una norma constitucional y así lo debe reconocer la Corte Constitucional con fundamento en una sentencia interpretativa que le dé categoría de tratado a los acuerdos especiales. Quedarían absolutamente blindados los acuerdos de La Habana y se haría innecesario un plebiscito”.

Empiezo por señalar el desvergonzado carácter autoritario y antidemocrático de la propuesta de Montealegre. Según él “[n]i siquiera la voluntad popular podría modificar normas de rango constitucional. El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana”. Está equivocado. En un régimen democrático para la voluntad popular no hay límites distintos al respeto de los derechos humanos. Eso no solo es así, sino que la misma Constitución sostiene que ella puede ser modificada través de la participación ciudadana a través de referendos y por medio de una asamblea constituyente elegida popularmente. Y para esa asamblea no hay límite alguno. ¿O será que Santos y las Farc quieren montar un régimen oligárquico?

Sigo por resaltar que el argumento es mentiroso: los acuerdos entre las Farc y el Gobierno no son acuerdos especiales a la luz del derecho internacional porque estos acuerdos solo son para regular la guerra, para extender la protección a los civiles durante ella. Los pactos para poner fin a un conflicto no son acuerdos especiales.

Y en todo caso los acuerdos especiales no son tratados internacionales. Montealegre y Santos lo saben. Pero nos quieren mentir para, otra vez, hacernos conejo y no preguntarle a la gente si apoya lo que están firmado.

Las consecuencias de que además se diga que son tratados es aún peor: significa que las Farc son un cuasi estado porque en lo fundamental solo los estados pueden celebrar tratados. Así de grave es la cosa.

Por Rafael Nieto Loaiza