En esta columna abordamos o hicimos referencia el día jueves 01 de noviembre al tema de la restructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales, concretamente se trataba de un proyecto presentado por el partido Cambio Radical, abordando algunos de los inconvenientes que presentan estas instituciones, con ciertas limitaciones ya que son bastantes y el espacio que poseemos es limitado. Ahora miremos el proyecto que ha presentado este gobierno, en todo caso, tanto el anterior como éste pensamos que apuntan en la misma dirección, buscando la trasparencia por enésima vez, ya que en casi todos los gobiernos han intentado reformarlas.

Esta propuesta para esta oportunidad busca adoptar de gobernabilidad transparencia y fortalecimiento a la gestión de las CAR en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA), fue radicado por el Ministro de Ambiente Ricardo Lozano, y el director de la Asociación de las CARs (ASOCARs) Ramón Leal Leal en el Congreso de la República.

Podemos decir que esta propuesta no es nueva, todo lo contrario, parece un objetivo fallido de cada gobierno como lo hemos podido apreciar desde hace varios años en los últimos tres cuatrienios legislativos donde se ha intentado reformarlas en por lo menos 20 ocasiones.
El objetivo principal es darle más trasparencia y capacidades técnicas a las corporaciones, ya que es bien conocido, que estas entidades han sido duramente cuestionadas por escándalos de corrupción.

Con este proyecto se busca meter en cintura a las corporaciones que incluso el Procurador Carrillo se ha manifestado en palabras muy duras, diciendo “la institución a la que se le ha entregado el manejo ambiental es presa de corrupción. Es el casino de las negaciones de la política más baja de este país, es el nido más grande de corrupción de Colombia”.

El estado propuesto en el proyecto de ley para la conformación de la Junta Directiva es muy diferente a la actual así: un representante académico o científico de universidades con sede en la jurisdicción de la respectiva CAR; tres miembros en representación de los alcaldes con periodo de dos años no relegibles; ningún miembro de representación del Consejo Directivo puede ser reelegido a excepción de los representantes de las comunidades afro e indígena; se incrementa la participación nacional pasando de dos a cuatro, así, un delegado del Presidente de la República, un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y dos representantes de los Institutos de Investigación Ambiental adscritos o vinculados al Ministerio y desarrollo sostenible.

*Especializado en gestión ambiental.

Por Hernán Maestre Martínez