Para el pasado 2 de mayo estaba agendada la audiencia de formulación de acusación en contra de exfuncionarios y excontratistas de la Gobernación del Cesar por presunta corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del año 2015. No obstante, por novena vez, la audiencia fue cancelada.

Los funcionarios que enfrentan el proceso son el exsecretario de Educación, Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez; el exsecretario General, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, y la excontratista Ivis del Carmen Rosado Roble. Estos fueron vinculados en noviembre de 2019 al proceso penal por los delitos de peculado por apropiación agravado, prevaricato y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El caso está a cargo del Juzgado Tercero Penal del Circuito, que estableció como nueva fecha para la audiencia de acusación el 5 de julio de 2024. La audiencia para la formulación de cargos ha sido cancelada nueve veces en los últimos cinco años. Desde noviembre de 2019, cuando se dio la legalización de la captura, no ha habido avances. En algunas ocasiones, la audiencia se cancela porque el juez está de permiso y en otras porque no asiste una de las partes.

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PROCESO JUDICIAL

En 2015, cuando Luis Alberto Monsalvo era gobernador del Cesar, el Programa de Alimentación Escolar del departamento se adjudicó al Consorcio ‘Alimentación Escolar a Salvo 2015’, representado por María Angélica Araujo Noguera.

Dicho consorcio estaba conformado por la Fundación Kabala, representada por María Angélica Araujo, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada por Ivis del Carmen Rosado Robles. El contrato tuvo un valor de $17.145 millones, con un plazo de ejecución de 59 días calendario.

Según la Fiscalía, en el contrato hubo falta de planeación, sobrecostos y un millonario detrimento patrimonial. Por este caso, la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, a 21 años y medios de cárcel como coautor responsable del delito de peculado por apropiación agravado en favor de terceros en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.