Hace un año exactamente, los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre estaban en las puertas de un racionamiento de energía por cuenta del lastre económico de Electricaribe.

Cómo olvidar que el 11 de noviembre del año pasado, Electricaribe, empresa del grupo Gas Natural Fenosa, pagó a la bolsa de energía obligaciones vencidas por 27.738 millones de pesos, con lo cual evitó un racionamiento en los siete departamentos.

La crítica situación de la empresa prestadora de energía provocó la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Púbicos, que además abrió la posibilidad de tener un nuevo operador. En eso se ha pasado un año, y justo cuando estamos a pocos días de que la Financiera de Desarrollo Nacional de a conocer las recomendaciones para la búsqueda de ese nuevo operador, la Superservicios hizo un balance de su intervención y aseguró que lograron poner “en marcha la intervención más compleja en la historia del sector eléctrico colombiano, estabilizar a una compañía sumida en una profunda crisis financiera y preparar un diagnóstico exhaustivo que sirvió de base para ordenar la liquidación de Electricaribe”.

La expectativa de lo que viene es grande, no se sabe qué pasará, y los que más sufren por ese futuro no tan incierto, son los usuarios que durante tantos años han padecido –como aún sigue- por el mal servicio.

En el Cesar todavía se registran interrupciones del servicio sin previo aviso, las líneas y conexiones se averían de la noche a la mañana y de manera paciente deben esperar la solución.
Por lo menos, no es tan incierto el futuro porque el Gobierno Nacional ya desembolsó 135 mil millones de pesos para que Electricaribe siga comprando la energía que distribuye en los siete departamentos de la Costa Caribe, recursos que se suman a los 150 mil millones que de recursos propios de la Superservicios ya fueron puestos a disposición de la empresa. Es decir, que no hay riesgo de racionamientos. Punto positivo.

Ahora queda sobre la mesa la solicitud de una nueva garantía soberana para financiar el plan de inversiones de Electricaribe, con la que esperan conseguir recursos para introducir mejoras en la red de distribución de la empresa, mientras se surten los trámites de consecución de un nuevo operador. El superintendente de Servicios Públicos, José Miguen Mendoza, también dijo en su balance realizado ayer en Bogotá, que tienen planeado la conformación de un comité de supervisión para asegurar la buena marcha de la última etapa del proceso de intervención.

Lo que pase de ahora en adelante, debe ser estudiado con mucho cuidado, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Sobre todo deben pensar en los usuarios. La Contraloría General de la República tiene la lupa puesta y ha dado varias recomendaciones y ha hecho advertencias y en esta etapa es vital ese acompañamiento en la manera como se defina la suerte de Electricaribe.