Los dieciséis exempleados de la multinacional minera Drummond que fueron capturados el pasado 11 de diciembre por aparentemente obtener pensión de manera irregular, propiciando un desfalco al sistema pensional, ayer fueron dejados en libertad por el Juzgado Segundo Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías.

Al decidir la medida de aseguramiento, el juez consideró que los procesados no representan un peligro para la sociedad y que podrán enfrentar el resto del pleito al que continúan vinculados, estando en libertad.

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Los hechos por los que son judicializados los pensionados se remontan a una investigación que destapó la Fiscalía en abril de 2016, cuando en su poder mediante una fuente no formal obtuvo información de que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, se emitían dictámenes de pérdidas de capacidad laboral falsos a cambio de grandes sumas de dinero que suministraban los beneficiados, que en su mayoría eran empleados de las empresas mineras carboníferas del Cerrejón, Prodeco y Drummond.

Según el ente acusador, en labores de inteligencia pudieron determinar que las personas que fraudulentamente tramitaban la pensión, antes de obtenerla de manera premeditada acudían al sector financiero, copaban su capacidad de endeudamiento y compraban seguros o adquirían pólizas, para una vez alcanzado el estado de pensionado por invalidez las obligaciones dinerarias fueran asumidas por las aseguradoras.

Con esta información las autoridades abrieron indagación de un número determinado de personas, entre esas los 16 capturados esta semana, quienes fueron identificados como: Manuel de Jesús calderón Quiroz, Ronald Enrique Miranda Navarro, Oliver Miranda Mercado, Jaime Barreto Arias, Edilberto Castro Turizo, Estevenson Díaz Molina, Luis Rafael Jiménez Vásquez, Héctor Iván Lea Montes, Edgar Emilio López Kammerer, Robinson Montesino Guzmán; así como también, Melkin José Romero Rondón, Ricardo Sanmiguel Charrys, Tony Orlando Bustamante soto, César Euclides Palacio Mena , Ricardo Luis Gámez Coronado y Giovanni Mejía Ballesteros; quienes presuntamente resultaron pensionados presentando una calificación de un porcentaje de incapacidad, con el común denominador de que todos tenían entre sus diagnóstico clínico trastorno represivo recurrente no especificado o trastorno represivo recurrente con ansiedad generalizada.

“Se dispuso meter a consideración de médicos laboristas adscritos a Colpensiones cada carpeta para que fuera analizada y emitiera su concepto de acuerdo a los protocolos y manuales vigentes, de los cuales se pudo establecer que todos los casos bajo estudio arrojaron como resultado una pérdida de la capacidad laboral por debajo de los porcentajes asignados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, es decir, que se puede inferir razonablemente que el procedimiento aplicado en cada una de las personas aquí relacionadas se edificó bajo la base de una información falsa simulada por parte de los que en ella intervinieron incluidos los pacientes, para obtener una calificación por encima del 50%. Realizaban pagos a los miembros de la junta a través de intermediarios, reclutadores asesores o de manera directa”, expresó el fiscal en la continuación de la audiencia concentrada en el Palacio de Justicia.

Explicó además que para la regulación de las calificaciones de incapacidad existe un manual regulado por decreto a nivel nacional que establece los términos para la evaluación que se orientan por tres criterios deficiencia, minusvalía y discapacidad, las cuales, cada una tiene un porcentaje de calificación la primera de 50 %, la segunda de 30 % y última de 20 %. Según la Fiscalía, la minusvalía y discapacidad solo se entraría a calificar siempre y cuando se presente la deficiencia, el cual sería el concepto que los implicados supuestamente manipularon para alcanzar el porcentaje igual o mayor de 50% para poderse pensionar, ya que por dejado de este no sería posible.

“La calificación de la pérdida de capacidad laboral debe realizarse una vez se conozca el diagnóstico definitivo de la patología (…), es decir, que para la evaluación se tuvo que haber desarrollado todo un proceso no de un día para otro como se advierte en el presente caso”, afirmó el ente acusador.

Ante estos aspectos generales, la Fiscalía 12 seccional les imputó a los pensionados de la Drummond, los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público o privado, los cuales no aceptaron.

Por esta misma investigación están siendo procesados 19 personas más, entre esos los que eran integrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, los médicos Carlos Arturo Montero Araujo, Eduardo Urbano Marrugo Calderón, Yamile de Jesús Pérez Domínguez y el abogado Mariano de Jesús Amaris Consuegra; quienes algunos están en proceso de entrar a juicio o recibir sentencia.

Asimismo a raíz de los resultados de las pesquisas la junta de calificación actualmente no funciona en el departamento por decisión del Ministerio de Trabajo que delegó en el momento sus funciones a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena.