No obstante, ellos seguirán vinculados al proceso en el que fueron imputados por varios delitos.
El Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías cobijó con medida de aseguramiento con detención domiciliaria a los siete implicados de presuntamente orquestar el ‘Cartel del comparendo’ en la Secretaría de Tránsito de Valledupar.
La decisión se dio a conocer la tarde del viernes luego de tres días seguidos desarrollando las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.
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Los afectados son la inspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza, la secretaria ejecutiva Letzzy Carolina González Oñate, la contratista Margarita Rosa Cartagena Guerra, la secretaria Amparo de Jesús Estrada Arias y el auxiliar administrativo Odacyr Alberto Montenegro González, así como también los tramitadores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola.
La juez consideró que esa medida era suficiente para apartar del cargo a los imputados y asegurar que no se obstruyera el proceso. No obstante, el fiscal 12 seccional, Gentil de León Mármol, había pedido la detención carcelaria.
Según la investigación, ellos se concertaron para exigir sumas de dineros a cambio de archivar comparendos, agilizar trámites o evadir las órdenes de inmovilización de vehículos por decisiones de jueces de la República.
En total la Fiscalía estima que en los últimos tres años el municipio habría dejado de recibir unos $3.000 millones a causa de más de 2.500 comparendos que no se materializaron o multas por infracción de tránsitos, los cuales más de mil eran por alcoholemia, una de las multas más costosas que impone el Estado.
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Para lo anterior presuntamente cada uno de ellos se encargaron de gestionar sin permiso la salida de vehículos del parqueadero oficial, realizar pignoración y expedición de tarjetas de propiedad sin generar los recibos de la retención de fuente, no registrar información de los comparendos y modificar los modelos de los carros al momento de hacer traspaso y cargar al sistema información imprecisa para que los usuarios pagaran menos.
A excepción de los tramitadores que se presentaron voluntariamente a la Fiscalía, todos fueron capturados por el CTI en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito Municipal.
No obstante, ellos seguirán vinculados al proceso en el que fueron imputados por varios delitos.
El Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías cobijó con medida de aseguramiento con detención domiciliaria a los siete implicados de presuntamente orquestar el ‘Cartel del comparendo’ en la Secretaría de Tránsito de Valledupar.
La decisión se dio a conocer la tarde del viernes luego de tres días seguidos desarrollando las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.
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Los afectados son la inspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza, la secretaria ejecutiva Letzzy Carolina González Oñate, la contratista Margarita Rosa Cartagena Guerra, la secretaria Amparo de Jesús Estrada Arias y el auxiliar administrativo Odacyr Alberto Montenegro González, así como también los tramitadores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola.
La juez consideró que esa medida era suficiente para apartar del cargo a los imputados y asegurar que no se obstruyera el proceso. No obstante, el fiscal 12 seccional, Gentil de León Mármol, había pedido la detención carcelaria.
Según la investigación, ellos se concertaron para exigir sumas de dineros a cambio de archivar comparendos, agilizar trámites o evadir las órdenes de inmovilización de vehículos por decisiones de jueces de la República.
En total la Fiscalía estima que en los últimos tres años el municipio habría dejado de recibir unos $3.000 millones a causa de más de 2.500 comparendos que no se materializaron o multas por infracción de tránsitos, los cuales más de mil eran por alcoholemia, una de las multas más costosas que impone el Estado.
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Para lo anterior presuntamente cada uno de ellos se encargaron de gestionar sin permiso la salida de vehículos del parqueadero oficial, realizar pignoración y expedición de tarjetas de propiedad sin generar los recibos de la retención de fuente, no registrar información de los comparendos y modificar los modelos de los carros al momento de hacer traspaso y cargar al sistema información imprecisa para que los usuarios pagaran menos.
A excepción de los tramitadores que se presentaron voluntariamente a la Fiscalía, todos fueron capturados por el CTI en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito Municipal.