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Judicial - 22 octubre, 2020

Ordenan un día de arresto contra el alcalde de San Alberto por despedir a mujer embarazada

La acción judicial obedece a una acción de tutela en favor de la femenina en la que se responsabiliza al burgomaestre de un desconocimiento de los derechos fundamentales.

Carlos Ríos Vega fue electo como alcalde para el periodo 2020-2023.

FOTO/CORTESÍA.
Carlos Ríos Vega fue electo como alcalde para el periodo 2020-2023. FOTO/CORTESÍA.

El Juzgado Tercero Municipal de pequeñas causas laborales de Bucaramanga ordenó un día de arresto y una multa de un salario mínimo legal vigente en contra del alcalde de San Alberto, Carlos Arturo Ríos Vega, por no reponer los derechos laborales de una exempleada de la administración municipal que aparentemente despidió estando embarazada.

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Por eso, además de sancionarlo con un día de arresto y una multa, el Juzgado ordenó restablecer los derechos fundamentales de la afectada. “Se insta al alcalde (…) para que despliegue todas las actividades pertinentes y cumpla de manera inmediata e integra, la orden impartida de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el día 14 de mayo de 2020, so pena de que se repita la sanción previa por orden del juzgado”, reza la decisión.

La acción judicial obedece a una acción de tutela en favor de la femenina en la que se responsabiliza al burgomaestre de un desconocimiento de los derechos fundamentales.

La puja jurídica tuvo su génesis a inicios del presente año cuando Carlos Arturo Ríos Vega asumió como nuevo mandatario de ese municipio ubicado al sur del departamento del Cesar. Al parecer, al igual como hacen la mayoría de las nuevas administraciones, Ríos Vega renovó a los contratistas, dejando por fuera a dos mujeres en estado de gestación.

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Por tal razón, procedieron a las vías judiciales para el restablecimiento de las garantías laborales, pero hasta el momento solo a una de ellas le prosperó el incidente de desacato.

Ofíciese al comandante de la Policía San Alberto, al servidor que corresponda, para que haga efectiva la orden de arresto y sea cumplida en el lugar dispuesto para ello, debidamente prestarse la vigilancia necesaria que garantice el cumplimiento de la medida”, ordenó la administración de justicia.

Así las cosas 10 meses después la afectada espera gozar de los derechos que otorga el Estado para estos casos en particular. EL PILÓN trató de contactar al alcalde de San Alberto, Carlos Ríos, pero no atendió el llamado.

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Carlos Ríos Vega fue electo como alcalde para el periodo 2020-2023.

FOTO/CORTESÍA.
Carlos Ríos Vega fue electo como alcalde para el periodo 2020-2023. FOTO/CORTESÍA.

El Juzgado Tercero Municipal de pequeñas causas laborales de Bucaramanga ordenó un día de arresto y una multa de un salario mínimo legal vigente en contra del alcalde de San Alberto, Carlos Arturo Ríos Vega, por no reponer los derechos laborales de una exempleada de la administración municipal que aparentemente despidió estando embarazada.

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Por eso, además de sancionarlo con un día de arresto y una multa, el Juzgado ordenó restablecer los derechos fundamentales de la afectada. “Se insta al alcalde (…) para que despliegue todas las actividades pertinentes y cumpla de manera inmediata e integra, la orden impartida de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el día 14 de mayo de 2020, so pena de que se repita la sanción previa por orden del juzgado”, reza la decisión.

La acción judicial obedece a una acción de tutela en favor de la femenina en la que se responsabiliza al burgomaestre de un desconocimiento de los derechos fundamentales.

La puja jurídica tuvo su génesis a inicios del presente año cuando Carlos Arturo Ríos Vega asumió como nuevo mandatario de ese municipio ubicado al sur del departamento del Cesar. Al parecer, al igual como hacen la mayoría de las nuevas administraciones, Ríos Vega renovó a los contratistas, dejando por fuera a dos mujeres en estado de gestación.

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Por tal razón, procedieron a las vías judiciales para el restablecimiento de las garantías laborales, pero hasta el momento solo a una de ellas le prosperó el incidente de desacato.

Ofíciese al comandante de la Policía San Alberto, al servidor que corresponda, para que haga efectiva la orden de arresto y sea cumplida en el lugar dispuesto para ello, debidamente prestarse la vigilancia necesaria que garantice el cumplimiento de la medida”, ordenó la administración de justicia.

Así las cosas 10 meses después la afectada espera gozar de los derechos que otorga el Estado para estos casos en particular. EL PILÓN trató de contactar al alcalde de San Alberto, Carlos Ríos, pero no atendió el llamado.

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