El Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil Familiar, consideró que los alegatos presentados por la defensa del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, y el alcalde de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, no eran lo suficientemente claros para no sancionarlos tras un incidente de desacato por no haber cumplido la orden impartida por la Corte Constitucional en Sentencia T-946 de 2011, del 16 de diciembre de 2011.

En esa orden del Tribunal Superior firmada por los magistrados Soraya Inés Zuleta Vega y Roberto Arévalo Carrascal, queda confirmada la sanción a Monsalvo Gnecco con cinco días de arresto y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que a Socarrás Reales se le impone una sanción con multa de cinco salarios mínimos legales vigentes.

Esto se produjo después de que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad, el 12 de marzo de 2015, emitiera un incidente de desacato para los anteriormente citados, quienes apelaron la decisión, pero el 20 de mayo el Tribunal resolvió “confirmar la providencia consultada el día 12 de marzo de 2015, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión”.
De igual manera, notificar el presente proveído personalmente o por el medio más eficaz y expedito a los interesados.

¿Por qué el fallo?
El incidente de desacato que hoy dejaría al Gobernador del Cesar privado de la libertad por cinco días, se centra en la problemática que afronta el municipio de Valledupar en cuanto a los predios invadidos.

Luego de la sentencia de emitida por la Corte Constitucional, T-946 de 2011, que dio respuesta a una tutela instaurada por algunos invasores en contra de Acción Social, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, que determinó que en 20 días, las invasiones deberían ser desalojadas y además se tenía que reubicar a las familias en condición de desplazamiento para garantizarles sus derechos, principalmente el derecho a una vivienda digna, han pasado cerca de cuatro años y no hay solución alguna.

En el 2013, los dos mandatarios explicaron en audiencia personal e inderogable, las razones por las que incumplieron el fallo de tutela con incidente de desacato que ordenó la Corte, para evacuar a los invasores Brisas de La Popa, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte 2.
Invasores de estos predios que pertenecen a Alberto Pimienta Cotes denunciaron que nunca han recibido visita de los entes de control obligados por el fallo de la Corte, tampoco por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y Acción Social hoy Departamento para la Prosperidad Social, DPS.
Mientras este capítulo se resuelve, son 12 invasiones las que hay en la ciudad y los primeros dirigentes del Cesar y Valledupar fueron sancionados por la Rama Judicial del Poder Público al no acatar órdenes de carácter judicial, que le permita a los dueños de estas tierras retomarlas.

EL PILÓN conoció que el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, no ha sido notificado de esta orden judicial, por lo tanto está a la espera de él para luego pronunciarse respecto al tema.
Por su parte, el alcalde Fredys Socarrás tampoco entregó declaración por la multa que debería pagar.

La orden de la Corte
La sentencia de diciembre de 2011 determina, entre otras consideraciones, que solo los desplazados tienen el derecho prioritario a la vivienda y los demandados deberán adoptar decisiones en cuanto a las políticas de vivienda de interés social; esta decisión involucra a la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y a la misma Presidencia de la República.

La Corte Constitucional impartió en su momento una serie de órdenes a la Alcaldía de Valledupar, a la Gobernación del Cesar y al programa presidencial Acción Social. Así, el alto tribunal ordenó: realizar un censo de las familias asentadas en el predio para identificar qué personas tienen la calidad de desplazados por la violencia; reanudar la diligencia de desalojo que está suspendida y garantizar un albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en el predio. Para todo ello, la Corte fijo plazos perentorios y de estricto cumplimiento.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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