El salario mínimo no es solo una cifra, su incremento anual es una decisión que impacta la vida de muchas personas, la estabilidad de las empresas y la dinámica económica del país. Por eso su fijación debe responder a una conversación entre diferentes sectores, reglas claras, sustentos técnicos y sobre todo, al respeto por el Estado de derecho.
A finales de 2025, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1469, mediante el cual fijó el salario mínimo legal mensual vigente para 2026 en $1.750.905, lo que representó un aumento del 23% frente al salario del año 2025. Ante esa decisión, algunos sectores destacaron el impacto positivo en el ingreso de los trabajadores, mientras otros evidenciaron su inquietud por su incidencia en la inflación, la sostenibilidad empresarial y en general el costo de la vida.
La discusión se trasladó al escenario jurídico a partir de la presentación de varias demandas ante el Consejo de Estado, autoridad encargada de ejercer el control de legalidad de este tipo de decisiones. La Sección Segunda, mediante auto del 12 de febrero de 2026[1], decretó la suspensión provisional del acto administrativo y ordenó al Gobierno expedir una nueva decisión transitoria en un término de ocho días, mientras se adopta una sentencia en el proceso.
