El de la ocupación indebida del espacio público no es un problema nuevo ni es exclusivo de Valledupar, sucede en todas las capitales del país. Algo tan cierto como que esperar una solución total es cuanto menos utópica. Ahora bien, esto no puede conducir al conformismo y a la resignación, como pareciera ser la tendencia general.

La radiografía del asunto es preocupante en nuestra ciudad; mal contados estamos hablando de 3.000 vendedores ambulantes informales que se han instalado en diferentes sitios de la ciudad. Inclusive, entiendo que hay algunos que pagan “el derecho” de utilizar parte del espacio público a personajes que terminan regulando dicha ocupación mediante la extorsión.

Esta última opción de la extorsión, que es la que se ha elegido en más de una ciudad ante el fracaso de programas de reubicación, implica además de tolerar el ilícito, ver a peatones arriesgando su vida en la calle al estar el andén totalmente copado por personas que, por cierto, no siempre se encuentran en estado de vulnerabilidad, y es que muchas veces se trata de prósperos comerciantes que prefieren sacar provecho de las ventajas de no tener que pagar arriendos ni impuestos, ni someterse al control de las autoridades para mostrar pequeños almacenes.

Al tolerar esta vía se envía el mensaje de ser formal no paga. Quienes sí lo son y están sujetos al control de las autoridades tributarias y sanitarias, entre otras, ven con comprensible frustración cómo, por omisión, se estimula la informalidad. Aquí, se dirá, una vez más “el vivo vive del bobo”, o sea, del que le cumple a la ciudad.

Se necesita una combinación de audacia, firmeza, capacidad para entender el fenómeno en toda su complejidad.
No sobra estudiar casos de otras ciudades que han tenido un relativo éxito. El reto es tener la suficiente capacidad institucional para darles “zanahoria” a quienes de verdad no tienen más opción que la informalidad y “garrote” a los mafiosos.

Esto se logra con una acción decidida y sostenida de las entidades competentes que conduzca a compaginar el derecho de los ciudadanos al goce efectivo de un espacio público seguro y sano, con oportunidad del trabajo de los sectores excluidos de la población.

Y como es mi costumbre, manejaré otros temitas: Primero que todo darle la bienvenida al nuevo comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Lácides Ramos Blanco, y la despedida a quien fuera uno de los mejores comandantes que ha tenido el Cesar, coronel Mauricio Pedraza.

También felicitaciones al alcalde Augusto Ramírez Uhía por su informe de rendición de cuentas durante sus 3 años de mandato con resultados positivos de gestión. He recibido numerosas quejas de algunos negocios de bares y discotecas que operan en la Calle 15 entre Carreras 6 y 7 (La Placita Bar, Tlon Bar, Restaurante Bar Carmela). El sonido de la música amplificada no deja dormir a más de un centenar de vecinos. Se han acostumbrado estos negocios a no respetar a los vecinos ni sus derechos. Pero lo más grave es que cierran la calle convirtiéndola en una pista de baile, incluyendo mesas y sillas. No sólo impiden el tránsito de vehículos sino que perjudican algunos parqueaderos. Esta queja va para nuestro amigo el secretario de Gobierno Gonzalo Arzuza y el actual coronel. ¿Será que estos negocios tienen permiso para cerrar la calle?

Es una burla permanente de los ministros de justicia con esta ciudad. Pero por lo menos la actual ministra no vino a beber trago como los otros. Vino a decirnos que “la Cárcel Judicial se queda en el Dangond”. Eso debieron habérnoslo dicho antes para no vivir de ilusiones.

No sólo hay que tener en cuenta el comején sino de algunas raíces de algunas especies de árboles que tapan la tubería sanitaria y del alcantarillado (por ejemplo el fico).