Si hiciéramos una lista de los juegos tradicionales, que nosotros hasta consideramos típicamente colombianos, encontraríamos sin sorpresa que en nuestra infancia, indistintamente de la región del país donde hayamos crecido, todos jugábamos a “la lleva”, “las escondidas” o “policías y ladrones”, entre algunos otros. Lo curioso es que nuestros niños de hoy pareciera que sólo saben de video juegos, mientras que son los adultos los que siguen practicando los juegos de antaño, pero en sus versiones más mórbidas y siniestras.

Nada más parecido a lo ocurrido en Ibagué, con los recursos de los pasados Juegos Deportivos Nacionales. Proyectos que en total sumarían casi $ 200 mil millones de pesos, con recursos provenientes entre otros de Coldeportes, transferidos vía convenio a la Alcaldía de Ibagué, así como del Sistema General de Participaciones – SGP, y recursos propios puestos por la Alcaldía y la Gobernación del Tolima, se debían invertir en la construcción y remodelación de los escenarios deportivos de la ciudad, para poder albergar los XX Juegos Deportivos Nacionales, en 2015. Llegada la hora de las competencias, no sólo las obras no se habían terminado, sino que una ciudad como Ibagué, que ya había sido sede de los juegos en la década de los 70’s y era reconocida en la región precisamente por su infraestructura deportiva, se quedó sin escenarios deportivos, ya que los suyos fueron prácticamente demolidos como parte de las supuestas remodelaciones, que nunca llegaron a buen puerto.

Las empresas contratistas, varias de ellas extranjeras, que habían sido beneficiadas por funcionarios del municipio, hoy parecieran estar jugando a las escondidas, y no sólo no aparece nadie que ponga la cara, sino que los grandes capitales que supuestamente las respaldaban, por lo menos sobre el papel al momento de las licitaciones, hoy nadie los encuentra para que resarzan los daños que causaron. Mientras tanto, al mejor estilo del tradicional “policías y ladrones”, hoy vemos dos bandos que podríamos rebautizar como “delatores y delatados”, en los que unos persiguen a los otros y van dejando pistas para que puedan ser capturados y llevados a la cárcel, donde, como en el juego original, podrían ser incluso salvados por otro ladrón. Es así como los más repugnantes delincuentes, casi por arte de magia, se convierten entonces en “testigos estrella”, y de la noche a la mañana los ciudadanos del común tenemos que olvidarnos de sus fechorías. Y como si todo esto fuera poco, los funcionarios responsables de haber llevado a cabo la supervisión de los contratos, la vigilancia de las obras, y quienes deberían haber tomado de manera oportuna las medidas preventivas o sancionatorias necesarias para evitar semejante desfalco, hoy se señalan los unos a los otros, como en la popular “la lleva”, lavándose las manos bajo el supuesto de que la responsabilidad era de otro funcionario o entidad, cuando claramente eran ellos quienes “la llevaban”.

El país espera resultados con urgencia, ya que no se entiende que quienes en aquel entonces contrataron las obras, sigan deambulando por las calles como si nada hubiera pasado, y que las empresas contratistas figuren aún a cargo de otras obras, sin que al parecer hubiesen sido aún objeto de las sanciones que les impida seguir contratando. La gravedad de lo sucedido en Ibagué amerita respuestas de fondo, porque definitivamente lo ocurrido con los pasados Juegos Nacionales, no es ningún juego de niños.

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Javeriana.

Por Carlos Iván Castro Sabbagh