Así, pegado, queremos significar lo que piden todas las organizaciones defensoras de derechos humanos sobre los esclarecimientos de crímenes contra periodistas en todo el mundo. El dos de noviembre fue declarado por la Unesco como el Día Internacional de las Naciones Unidas para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y este año el lema es exigir la rendición de cuentas, como garantía de nuestro derecho a la libertad de expresión y de información.

En Valledupar, hay impunidad en el homicidio de tres periodistas. Uno de ellos fue nuestro jefe de redacción, Guzmán Quintero Torres, asesinado el 16 de septiembre de 1999. Aun hoy su muerte no ha sido esclarecida. También Amparo Jiménez Pallares, el 11 de agosto de 1998, y recientemente Nimia Esther Peña Pedrozo, el 27 de septiembre de este año.

Los periodistas son asesinados por varias causas, pero siempre por exponer la corrupción entre los actores poderosos, expresas opiniones en temas sensibles, informar sobre el crimen organizado e informar en zonas conflictivas. Pero lo peor es que la muerte de un periodista tiene efectos sociales, porque no se denuncian temas cruciales para el interés público, la gente siente miedo de hablar, el rol del periodismo se ve disminuido y la autocensura se transforma en norma.

EL PILÓN les recuerda a las autoridades del Cesar y de Colombia que tienen esos pendientes con el esclarecimiento de la muerte de estos periodistas, dos muertos en ejercicio de su labor y otra por culpa de la delincuencia. No importa que haya pasado tanto tiempo, lo importante es que se castigue a los culpables.

Este tema de la impunidad y del rol de los periodistas en la sociedad, tiene relación con el trabajo que viene haciendo la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que ya hizo el diagnóstico de la política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia. Este documento de diagnóstico no constituye el documento final de política pública, sino que se trata de un documento que recoge las diferentes problemáticas identificadas para el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia, y no expone las diferentes acciones que se están adelantando por parte de las entidades del Estado para solucionar esos problemas.

Este documento de diagnóstico está dividido en cuatro capítulos, uno sobre el alcance de la política pública, que desarrolla el marco normativo, el alcance y el enfoque de esta política, que es el de prevención, protección y garantías de no repetición bajo una perspectiva de enfoque diferencial y de goce de derechos; y en los otros analiza las nueve causas identificadas y sus subcausas o causas de segundo nivel y sus posibles soluciones. Este es muy importante que se dé en Colombia porque garantizaría la política pública y ayudaría a que existan mejores escenarios para la libertad de expresión.