A veces a los propietarios de los vehículos les toca ser prácticos para no enfrascarse en debates con el concesionario o la marca (o ambos) cuando les dicen que no aceptan reparar por garantía el vehículo que llevan al taller, porque incumplieron las condiciones del certificado de garantía que les entregaron con el vehículo, generalmente […]
A veces a los propietarios de los vehículos les toca ser prácticos para no enfrascarse en debates con el concesionario o la marca (o ambos) cuando les dicen que no aceptan reparar por garantía el vehículo que llevan al taller, porque incumplieron las condiciones del certificado de garantía que les entregaron con el vehículo, generalmente por “no haber efectuado oportunamente las revisiones programadas por el fabricante, en las que se hubiera detectado la falla a tiempo”.
Esta excusa, que suena paradigmática, en algunas ocasiones es una simple falacia, porque igual que sucede con los humanos los vehículos padecen de ciertas enfermedades en las que el “golpe avisa”, sin que sea posible identificarlas anticipadamente en una revisión de kilometraje de las que recomienda el fabricante.
En esas revisiones se sigue un protocolo que los productores han ideado para evitar que el vehículo sufra daños mayores cuando no se torquean las piezas desajustadas por el uso, se cambian los insumos que se han desgastado (filtros, aceites, pastillas de frenos, correas, etc.), y si es necesario se remplazan aquellas piezas que desde la fábrica vienen con un defecto que en ese momento se exterioriza.
Sin embargo, como ya dijimos, los automotores pueden tener defectos de calidad o ensamble de las piezas que no se pueden detectar en una revisión de kilometraje, aunque participen los técnicos más avezados y el más sofisticado de los escáners, y por tanto poco o nada importa que el consumidor no haya llevado el vehículo oportunamente a una o varias de tales revisiones.
Así sucede cuando una caja de velocidades automáticas presenta una falla que se sabe tiene origen en un defecto de los componentes electrónicos que están en su interior, lo cual se debe corregir por garantía sin que importe el costo de la reparación o el momento en que la falla tomó cuerpo porque los cambios dejaron de entrar correctamente.
Eso lo conocen quiénes están obligados a corregir por garantía los defectos del vehículo, pero como la ley del consumidor dispone que la garantía pierde validez cuando el usuario no acata las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento del vehículo, es potísimo decirle al cliente que por no haber efectuado oportunamente las revisiones debe pagar en la caja el costo de la reparación.
Aunque algo por dentro le dice que en la cuestión hay gato encerrado, para el cliente resulta más práctico el mal arreglo que el buen pleito, y opta por aceptar la propuesta comercial que le hace el concesionario en la que los gastos se reparten graciosamente.
Pero hay gente que prefiere no tragar entero y después de asesorarse de otros expertos, prefieren llevar el asunto a los entes de control para que ellos se pronuncien al respecto, no importa que tome tiempo y dinero
Ahí está el dilema, ¿ser o no ser?
A veces a los propietarios de los vehículos les toca ser prácticos para no enfrascarse en debates con el concesionario o la marca (o ambos) cuando les dicen que no aceptan reparar por garantía el vehículo que llevan al taller, porque incumplieron las condiciones del certificado de garantía que les entregaron con el vehículo, generalmente […]
A veces a los propietarios de los vehículos les toca ser prácticos para no enfrascarse en debates con el concesionario o la marca (o ambos) cuando les dicen que no aceptan reparar por garantía el vehículo que llevan al taller, porque incumplieron las condiciones del certificado de garantía que les entregaron con el vehículo, generalmente por “no haber efectuado oportunamente las revisiones programadas por el fabricante, en las que se hubiera detectado la falla a tiempo”.
Esta excusa, que suena paradigmática, en algunas ocasiones es una simple falacia, porque igual que sucede con los humanos los vehículos padecen de ciertas enfermedades en las que el “golpe avisa”, sin que sea posible identificarlas anticipadamente en una revisión de kilometraje de las que recomienda el fabricante.
En esas revisiones se sigue un protocolo que los productores han ideado para evitar que el vehículo sufra daños mayores cuando no se torquean las piezas desajustadas por el uso, se cambian los insumos que se han desgastado (filtros, aceites, pastillas de frenos, correas, etc.), y si es necesario se remplazan aquellas piezas que desde la fábrica vienen con un defecto que en ese momento se exterioriza.
Sin embargo, como ya dijimos, los automotores pueden tener defectos de calidad o ensamble de las piezas que no se pueden detectar en una revisión de kilometraje, aunque participen los técnicos más avezados y el más sofisticado de los escáners, y por tanto poco o nada importa que el consumidor no haya llevado el vehículo oportunamente a una o varias de tales revisiones.
Así sucede cuando una caja de velocidades automáticas presenta una falla que se sabe tiene origen en un defecto de los componentes electrónicos que están en su interior, lo cual se debe corregir por garantía sin que importe el costo de la reparación o el momento en que la falla tomó cuerpo porque los cambios dejaron de entrar correctamente.
Eso lo conocen quiénes están obligados a corregir por garantía los defectos del vehículo, pero como la ley del consumidor dispone que la garantía pierde validez cuando el usuario no acata las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento del vehículo, es potísimo decirle al cliente que por no haber efectuado oportunamente las revisiones debe pagar en la caja el costo de la reparación.
Aunque algo por dentro le dice que en la cuestión hay gato encerrado, para el cliente resulta más práctico el mal arreglo que el buen pleito, y opta por aceptar la propuesta comercial que le hace el concesionario en la que los gastos se reparten graciosamente.
Pero hay gente que prefiere no tragar entero y después de asesorarse de otros expertos, prefieren llevar el asunto a los entes de control para que ellos se pronuncien al respecto, no importa que tome tiempo y dinero
Ahí está el dilema, ¿ser o no ser?