Es francamente preocupante que el ciudadano Heriberto Urbina Lacouture no haya sido liberado, por circunstancias y hechos en los que las autoridades y personas del centro del departamento coinciden en que su secuestro fue una acción del frente Camilo Torres del autollamado Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Es esta organización rebelde alzada en armas contra el Estado, y por estos acontecimientos decimos que contra civiles indefensos, ya de avanzada edad, la misma que adelanta conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el fin de alcanzar por la vía del dialogo y los acuerdos terminar sus hostilidades después de décadas infructuosas en la medida en que cada día se aleja más del fin primordial de un grupo de su tipo que es el de alcanzar el poder.

Los pronósticos sobre la voluntad real de los llamados ‘helenos’ son variados, múltiples y complejos. Los más optimistas han visto en que con Petro al fin esos diálogos de altibajos e interrupciones iban a hallar buen cauce común.
Pero el ELN ha hecho quedar mal, no en pocas ocasiones, al mismo Presidente que llegó al grado de confianza de anunciar en diciembre un acuerdo de cese al fuego, el cual fue desautorizado públicamente por ese grupo armado ilegal.

Este secuestro, como otros hechos de violencia que se han protagonizados, se han llevado a cabo en territorios vecinos de Norte de Santander, en límites con el Cesar, como en la región de Ocaña, dejan la sensación de que se quiere presionar, mostrar dientes, o para persistir en su accionar, independientemente de cualquier aproximación política o usarlo como prueba de fuerza y capacidad de negociación, y disuasión, en la mesa con el gobierno y sus negociadores.

Rechazamos con vehemencia este vil atentado contra los derechos humanos, cualquier pretensión de chantaje o presión al gobierno, y en especial de tipo económico a su familia y, siempre abiertos a la paz y a la negociación, en estas páginas pedimos al Gobierno nacional su intervención para lograr su pronto regreso al hogar, y a los rebeldes su incorporación a la vida política y civil , dentro de escenarios de una amplia participación social, -como lo ha propuesto el ELN- en la que personas trabajadoras como Heriberto Urbina, bien podrían aportar con su presencia, experiencia y reconocimiento en municipios del centro del Cesar.

Valoramos todas las acciones solidarias y de rechazo a ese secuestro, tales como las diferentes manifestaciones que mediante marchas se ha desarrollado en el municipio de Chiriguaná, de donde es oriunda la víctima. Lo mismo que la decisión de la Gobernación del Cesar de ofrecer $50 millones de pesos por información que conduzca a dar con el paradero de este hombre de 85 años.

Es preciso recordar que en este departamento hay dos secuestrados, la otra persona es Amalia Arroyo, quien fue plagiada de zona rural de Tamalameque a finales de marzo. Nada se sabe de su paradero y por información de este caso las autoridades ofrecen $40 millones. Es urgente su liberación.

Llegó la hora de alzar la voz para gritar ¡No más secuestros en nuestro territorio!