Este jueves dos de julio seguramente el Consejo Superior Universitario (CSU) designará como rector de la Universidad Popular del Cesar al profesor Carlos Oñate, como ya mis Consejeros Periodísticos y todo el mundo lo sabía.

Pero que no crea el profesor Oñate que las cartas están echadas sobre la mesa y más pronto que tarde le saldrán los lobos feroces a cobrarle “los favores” y seguramente los compromisos políticos, porque su designación quiéralo o no está amarrada a un grupito que ahora le arrebata el poder a los hermanos Daza, al sinigual y siempre igual profesor Bermúdez, al jeque Godoy y al zar Hernández.

En la antesala de su designación dicen que queda en su camino “el amarre” (no se sabe de qué) que hizo con miembros del CSU: Jaime Maestre, Elberto Pumarejo, Luis Napoleón Durán, Jorge Manjarrez y Carla Jaramillo, y últimamente con el estudiante Farid Campo, a quien –se afirma- ayudó a elegir moviendo cielo y tierra, asunto que deberían aclarar.

Lo que mis consejeros Periodísticos Tío Chiro y Tío Nan entienden es que detrás del nuevo rector también quedan componendas para lograr sus objetivos como el famoso Acuerdo 037, con el cual trató de blindar su designación y lo que se dice en los corrillos de la UPC es que hay miembros de ese organismo que también pretenden ser rector, lo que significaría la creación de un nuevo carrusel de la desfachatez. Por Dios.

Lo que le queda ahora al nuevo rector es que no vaya a trabajar por el grupo que lo designó ni mucho menos criar cuervos y a repartir entre ellos contratos y cargos a tutiplén. Tampoco que mañana se convierta en el nuevo zar y mucho menos en un perseguidor que busca arrinconar a quienes le hacen oposición. Igual sería injusto que le siga haciendo carrera a lo que él mismo (Carlos Oñate) criticó: hacerse el nuevo más rico de la región a costa del dinero de la UPC; el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Es que la contratación de la UPC no puede seguir siendo manejada por los grupitos ni debe obedecer a ¿cómo voy yo ahí? Que cada centavo se aplique y que los procesos académicos y administrativos ayuden a salir último puesto.

Le corresponde al nuevo rector desamarrar los procesos de elección de consejeros y no tener ninguna intromisión en ellos como siempre ha ocurrido desde la creación de la Ley 30. Que no vaya a aplicar lo que se afirma aplicó con la elección de Farid Campo y que ojalá su designación no obedezca a acuerdos politiqueros entre miembros del CSU que buscan perpetuarse en el poder. También que prometa el día de su posesión que acabará con la relección de cada uno de ellos, para hacer mucho más transparente su independencia. Ojalá.

Queda de este nuevo proceso de designación de rector el sabor amargo que deja el Gobierno Nacional y los políticos de la región que esta vez –así parece- estuvieron todo el tiempo buscando elegir a un rector de “ellos”, como se afirma que era el profesor Enrique Meza, para seguir reinando en la UPC. Hasta la próxima semana, con el tema: Lázaro Araujo y Juan Cotes, en Manaure.

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