La planeación tan fundamental para el desarrollo económico y social de las sociedades, pero además determinante en la eficacia y la eficiencia en la acción del Estado, es atendida con desgano y, a veces, peligrosamente inaplicado por el sector público, especialmente de provincias.

En principio, basados en un programa de gobierno concertado con la sociedad, no siempre, esa es la verdad, los elegidos deben vaciarlos en planes de desarrollo que se estructuran de la mano con comunidades y validan todos los actores.

Sonará extraño pero es frecuente, más común de lo que se cree, la práctica reactiva o las decisiones de inversión fundadas en improvisaciones. Ciertamente, cada vez hay más conciencia, así sea por obligación antes que por convicción de los gobernantes, respecto de sujetar sus decisiones de inversión a lo planeado, pero sigue habiendo un déficit profundo en la cultura y la praxis de la planeación.

Sorprende, por ser más común que lo que parece, el hecho de que haya gobernantes que primero se las imaginan y luego consultan si las ideas están soportadas en alguna meta de su plan de desarrollo.

Es un mal endémico tan o más grave que la despreciable forma como eluden la Planeación Estratégica tan cara a la prosperidad. Se privilegia la planeación reactiva o adaptativa, cortoplacista. La rutina, el día a día y las soluciones apremiantes se tragan la mayor parte del tiempo y no dan espacios para anticiparse al futuro, planteando soluciones de fondo.

El desarrollo tiene que fundamentarse en visiones de mediano y de largo plazo concertadas, para fijar la mirada, como dicen los expertos: larga, más profunda y más amplia, enfocadas en los asuntos cruciales del territorio, y no por periodos de gobiernos como es usual que ocurra.

La Planeación Estratégica exige continuidad, maduración, perseverancia y genera condiciones para transformar los territorios. Permite la identificación de factores de cambio para el desarrollo, y de variables estratégicas en todas las dimensiones que atañen al desarrollo. Es un ejercicio con un elevadísimo componente de participación que le imprime legitimidad. La conquista del desarrollo integral pasa por las dimensiones: económico-productivo, socio-cultural, político institucional, ambiental, urbano-regional y, ciencia, tecnología e innovación, y convoca: sector público, academia, sector privado y sociedad civil.

La atención a problemas coyunturales en una usual práctica de apaga fuegos, impide el desarrollo ideal. De esa manera, nuestro avance en lo económico y en lo social, especialmente, será una colcha de retazos agravada por la afrentosa pobreza, el penoso analfabetismo, la desigualdad, en fin rezago. Es allí en donde aplica de manera perfecta la máxima de Seneca: “No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”.

Si no se piensa, planea y ejecuta estratégicamente, jamás alcanzaremos niveles de competitividad. Seremos los rezagados de siempre, consumidores incondicionales y, para colmo, con bajo poder adquisitivo, debido a que el sector productivo no se moderniza, ni sofistica su producción manteniendo niveles primarios en la economía, y así, crece el desempleo y continúan cayendo los ingresos al punto que no alcanzaremos a producir ni siquiera los necesarios para sobrevivir. En suma: seguiremos, ya no es las mismas, sino en peores condiciones de vida.

MIENTRAS TANTO

No solo acojo sino que he contribuido, humildemente, en estrategias de generación de empleo en el sector público. Mal pudiera pensar distinto ahora. Lo hicimos en la gerencia de IDECESAR, a través de proyectos de impulso a las micro y pequeña empresas, y con programas de impulso a subsectores: hortofrutícola, piscícola, panelero, con apoyo decidido del gobernador Luis Alberto Monsalvo.

En mi reciente paso por jefatura de Planeación del Departamento, no solo apoyé iniciativas de este tipo, sino que formulamos con nuestro equipo un perfil de proyecto para la reactivación económica, para la generación de empleo. Mas dije, ratifico y ratificaré, que el sector público tiene, entre todas sus obligaciones, la de generar condiciones para que el sector privado desarrolle sus empresas y de esas manera, crecimiento económico y, por tanto, empleo.

Esta condición es principio universal de competitividad en las democracias, no en gobiernos dictatoriales que extinguen la propiedad privada, se apropian de sus activos y se empeñan, torpemente, en hacerlo todo, y terminan no haciendo nada o haciéndolo muy mal.