El campanazo de alerta, que cayó como un balde de agua fría sobre todos los estamentos cesarenses, al conocerse los nefastos resultados de las pruebas Saber Pro, que dejan a la Universidad Popular del Cesar –UPC- en el puesto 116 de 119 universidades, es más que suficiente para despertar de ese letargo que caracteriza a la educación en el Cesar.

EL PILÓN bien lo dijo en su momento, el pasado mes de febrero, en su editorial titulado ‘La educación en el Cesar: ¡con panorama oscuro!’, que no era más que un pronóstico de lo que ahora sucede y que causa tanto asombro. No hay que alarmarse cuando estos resultados eran la crónica de una rajada anunciada. Lo que significa que no se debe ‘llorar sobre la leche derramada’, sino cerrar filas en torno a este problema.

La masa crítica de estudiantes de bachillerato con bajos niveles de calidad, en especial de los departamento del Cesar, La Guajira y Magdalena, llegan a las universidades (Popular, Udes, Andina, San Martín, Santo Tomás, Unad, Nariño) con la aspiración de ingresar a sus diferentes programas, en la mayoría de los casos, sin conocer sus perspectivas afines con sus expectativas profesionales y desarrollo regional. Las universidades privadas los admiten con el puntaje mínimo del Icfes y el pago de la matrícula. La UPC exige pruebas Icfes y mediante sistema computarizado selecciona los puntajes más altos para otorgar los cupos determinados para cada programa académico.

Así las cosas, las universidades no realizan ninguna depuración cualitativa de admisión, lo que constituye una amenaza frente a la calidad de profesionales que se espera sean acordes con las expectativas del entorno. En las universidades públicas se encuentra un panorama poco halagador: por un lado existe un alto porcentaje de docentes catedráticos y ocasionales –en la UPC sobrepasan los 600-, que tienen otras ocupaciones simultáneas, que no tienen la formación debida y la vocación que exige esta responsabilidad, y por otro lado, los docentes de carrera de la Popular del Cesar que en otrora sobrepasaron el número de 140, hoy no llegan a los 70, y de éstos la mayoría están en edad de retiro y no se vislumbra ningún concurso de mérito público, claro y transparente, que garantice la vinculación de profesores de tiempo completo, con dedicación exclusiva –algo similar ocurre en la Unad. ¡Qué decir de los estudiantes que presionan a docentes para que les mantengan la nota mínima d 3.8 que exige Fedescesar!

El futuro depende del Gobierno Nacional en parte, que debe mirar con otros ojos a la UPC, que sólo recibe anualmente $1.600.000 por estudiante matriculado, a diferencia de otras universidades públicas en la costa, como la de Córdoba y Magdalena, que llega a $4.000.000; también depende de las Secretarías de Educación Departamental y municipales, de los rectores de colegios públicos y privados para repensar la educación preescolar, básica y media, porque desde ahí comienzan los problemas de formación con precarios modelos y estrategias pedagógicas, y de un alto número de docentes que no dan la talla para esos retos porque tienen débiles estructuras académicas. Padres de familia y estudiantes no pueden pasar de agáchate, ¿dónde está su responsabilidad?