Parece que la historia se repite para los usuarios del sistema de energía, en el pasado las críticas y el malestar se volcaba en la extinta empresa Electricaribe quien llegó a ser la empresa más odiada en la Costa Caribe, incluso siendo objeto de vandalismo y quema de oficinas en varios municipios y hasta víctima de petardos explosivos como la oficina de San Diego, Cesar, por allá a principios de la primera década del 2000.

En septiembre de 2020 y luego de la salida de Electricaribe del mercado, el consorcio EPM (Empresas Públicas de Medellín) y Energía de la Costa entran al mercado, para ello lo segmentaron en dos; el primero denominado Caribe mar que sería operado por EPM a través de su empresa AFINIA en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, el otro segmento se denomina Caribe Sol y es operado por la empresa  Aire, con presencia en los departamentos de la Guajira, Atlántico y Magdalena, un actor nuevo en el mismo sistema.

Lo que el nuevo consorcio y el gobierno sabían era que entrarían a un mercado con profundas distorsiones y con un legado de complejidades que van desde una difícil cultura de pago, mercados subnormales con deficiente recaudo, una creciente cultura del fraude y por supuesto unas enormes pérdidas técnicas por la débil infraestructura existente en la región; este último componente sería el protagonista de los aumentos desproporcionados en el componente de la tarifa; es por ello que para entender el contexto de lo que está pasando en la costa me reuní con un experto para poder explicarlo de manera sencilla y que el ciudadano de a pie pueda entender al leer estas líneas.

Lo primero es comprender qué nos están cobrando en la factura que recibimos puntual y diligentemente mes a mes, de la cual al recibirla casi que por inercia solo nos fijamos en el valor total de la misma y con la sensación que mes a mes sube y sube sin ningún control a pesar de todos los planes de ahorro de consumo que puedan tener los hogares y las empresas, y la explicación la encontramos en lo que técnicamente se conoce como el esquema tarifario el cual nadie lee ni entiende salvo los expertos.

El esquema está compuesto por seis factores: “G” de generación, “T” de transporte, “PR” de pérdidas, “R” de restricciones, “D” de distribución y “C” de comercialización más la suma del recaudo de dos actores externos que son aseo y alumbrado público; estos últimos no son motivo de esta columna, pero sería interesante revisar la metodología de cobro y si están cumpliendo con ella; el caso es que todos los componentes de la tarifa sufrieron incrementos desorbitantes pero los más representativos fueron las de pérdidas y comercialización.  

Los comercializadores se mueven dentro de un mercado aparentemente regulado y sus decisiones a pesar que nos parece que son abusos, en realidad lo hacen amparados en el mismo sistema (Ley 142/94) que a su vez siguen lineamientos de la CREG (Comisión Regulatoria de Energía y Gas) y vigiladas por la Superservicios, aquí también hay un capítulo importante para investigar cómo se designan los miembros de dicha comisión y quién recomienda al superintendente de servicios públicos, encontraríamos muchas sorpresas.

Al entrar en este mercado trazaron algo que se denominó “tarifa objetiva”, es decir, el valor ideal que requieren para alcanzar la rentabilidad esperada, pero al estar operando en un mercado tan complejo este factor se volvió inmanejable por lo que la CREG autorizó que se le trasladara a los usuarios vía  tarifa la cual sería aplicada gradualmente, pero como la frontera entre la tarifa actual  y la esperada es tan grande la empresa decidió acelerar dicha recuperación sumado a que la comercialización también estaba por debajo de lo esperado lo cual también decidió ajustar por esa vía con los sabidos efectos sobre los usuarios.

Pero aquí no terminan los problemas, la tarifa seguirá subiendo y no parará debido a que dicha “frontera” nunca se alcanzará, pues los demás componentes seguirán subiendo debido a que la generación actual de energía cada vez es más obsoleta lo cual crea un círculo vicioso y una deuda de los usuarios con el operador a través del tiempo. Algunas soluciones en mi próxima columna.