Los Consejos de Juventudes están llamados a generar propuestas a consideración de los entes territoriales en temas de empleo, salud, educación, y otros de igual o de mayor calado social, pero no dejan de ser vistos como un estorbo a la luz de gobernantes ávidos de enriquecimiento ilícito, sin que se inmute la conciencia, para luego quedar presos y en el escarnio público.

Loable la labor que les espera a los Consejos de Juventudes en su misión de ser guías institucionales en políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, instancias definidas en el artículo 33 de la Ley 162 de 2013, modificadas parcialmente por la Ley 1885 de 2018, que consagra mecanismos autónomos de participación a través de la concertación, vigilancia y control de la gestión pública.

No basta con promulgar leyes, sino se logra fomentar una cultura alrededor de la aplicación de la norma. Pueden ser referentes en estas tareas los Cantones de Suiza, órganos políticos y administrativos sobre los que se construye el Estado, dotados de competencias y autonomía con voluntad popular y democracia directa expresadas en las urnas.

Sobran los gobernantes apáticos a sugerencias y hasta serán enemigos jurados de quienes se atrevan a insinuar cualquier tipo de asesoría a estos reyezuelos, con tal de que nadie los esté husmeando, porque no les conviene que haya moros en la costa, pues sus fines protervos son el entramado que les permita muchos réditos económicos a expensas de la contratación pública, nicho de la corrupción, pese a que la clave de un buen gobierno se basa en la honestidad, citando a Jefferson.

Para evitar yerros jurídicos en la toma de decisiones, he presenciado a médicos y abogados haciéndoles sugerencias de buena fe a determinados alcaldes para que mejoren los esfuerzos en salud y en cualquier ámbito, suficiente para romper la amistad y no volver a determinarlos.

¿Será esta una ley más de las 6 millones que gobiernan a Colombia? No lo dude, porque el problema es cultural, más que legal, y lo refrenda Ciro Alegría, escritor peruano, en el segundo tomo del libro de Tito Hernández Caamaño, titulado ‘Pensamiento Latinoamericano’: “La cultura no puede estar desligada de un concepto operante de justicia”, premisa que retrata la forma en que se resuelven los conflictos entre clanes y castas wayúu.