Manifiesto plenamente mi descuerdo con la reforma tributaria que propone el Gobierno nacional. Me entristece y decepciona profundamente ver como cada vez se hace mas evidente la lejanía del presidente Iván Duque de las bases populares y de las tesis o ideas políticas que lo eligieron. Sé que represento la voz de muchos que hoy sentimos que su modelo de gobierno no nos representa.

El proyecto de ley de la reforma tributaria desconoce el clamor del pueblo colombiano, que efectivamente reclama alternativas para afrontar la crisis económica y social que estamos viviendo, pero que las reclama de un gobierno austero, eficiente, que trabaja de la mano de las entidades territoriales no para perpetuar el modelo clientelista que ha supervivido en Colombia, haciéndole un inmenso daño fiscal al Estado y perturbando el ejercicio democrático, sino para evitarlo, ahorrando recursos a través de ajustes institucionales que coadyuven en la dirección eficiente y transparente del gasto.

“Eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer una reforma a la administración pública que permita generar ahorros permanentes (del orden del 5 % por año), enfrentar la evasión de renta y de IVA que representa más de 40 billones de pesos al año”, fueron las propuestas con las que el presidente Duque sustentó que haría de Colombia un país más solidario, con menos impuestos y más salarios.

Esta propuesta no solamente no se ha hecho efectiva, sino que en su reemplazo nos trae una reforma tributaria que contradice el principio constitucional de progresividad, haciendo una propuesta regresiva al tratar de gravar con IVA sectores tan sensibles para la economía familiar y para el costo de vida como lo son los servicios públicos, el internet, los combustibles, las pensiones, o la obligación de pagar renta a personas de ingresos bajos o que ganan menos de 50 millones de pesos al año.

Se hace necesario que el Congreso de la República le cumpla a los colombianos con un debate muy transparente, con todas las cartas sobre la mesa y de cara a la ciudadanía, con un ejercicio deliberativo mesurado, coherente y objetivo, en defensa de los ciudadanos más vulnerables, pero también de la clase media trabajadora que impulsa con mucho esfuerzo y sacrificio la economía de este país, en el pequeño y mediano empresario, en el emprendedor que en la realidad actual se le dificulta la formalización, el crecimiento y la creación de empleo.

Estoy segura que esta reforma indigna a los colombianos. Y también lo estoy de que lo que más molesta a los ciudadanos es sentir que con ella solo se proveerán más recursos para la corrupción, porque si no se hacen las reformas institucionales que se necesitan para debilitar el clientelismo, la falta de transparencia en la contratación estatal, la falta de pertinencia en la inversión pública, seguiremos sintiendo que los recursos que se nos exigen vía tributaria seguirán yéndose por el tubo de la corrupción, utilizados para enriquecer a pocos y empobrecer a muchos, y para seguir desnaturalizando nuestra democracia.

Lo que esperamos del gobierno es que promueva una agenda seria, revolucionaria, transformadora para la austeridad, que implementa la prometida reforma a la administración pública en todos los niveles y entidades territoriales, y que se hace más eficiente a la hora de evitar la malversación de los recursos del Estado.

La verdadera reforma tributaria que merece el pueblo colombiano es una lucha frontal contra la corrupción, que es el impuesto más regresivo que existe. Esa la pagamos los colombianos a diario, nos pesa a todos, especialmente al ciudadano más vulnerable que afronta adversidades sin un Estado garante de sus derechos fundamentales.