Un giro inesperado tuvo la acción de tutela interpuesta por el exrector de la Universidad Popular del Cesar, UPC, José Guillermo Botero Cotes para que su aspiración al cargo de rector fuera admitida.

El juez Primero Administrativo de Valledupar, Jaime Castro Martínez, consideró que este se encuentra impedido para aspirar a esa posición, porque tiene en su contra una acción de repetición y ocho procesos más.

El exrector, a través de la acción de tutela, había solicitado el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso al desempeño de funciones de cargos públicos, elegir y ser elegido, toda vez que el Tribunal de Garantías inadmitió su inscripción porque no mencionó en el certificado de vecindad el número de años que lleva viviendo en el Cesar, a pesar que tiene más de 15 años de ser docente de la UPC.

Por esta razón, inicialmente, fue suspendido el calendario electoral, pero ahora, en un fallo de fondo, el Juez encontró que Botero Cotes “se encuentra éticamente impedido para aspirar a ser designado como rector, teniendo en cuenta la condena actual impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar y por la cual debe cancelar más de 145 millones de pesos”.

Dice el juez que al estar impedido Botero Cotes hace invalida su inscripción desde el principio “y aunque se encuentra demostrado que la universidad violó el debido proceso, nada haría en proferir una orden que es imposible de cumplir”.

En el marco del proceso, la candidata a la rectoría, Darling Guevara fue quien denunció que Botero Cotes había sido condenado a pagar en una acción de repetición más de $145 millones, además del resto de procesos que tiene en su contra.

ADMITIDO

En la Universidad Popular del Cesar se inscribieron para aspirar al cargo de rector 17 candidatos, de los cuales siete resultaron inadmitidos: Álvaro Iglesias Ibarra, Aquilino Cotes, José Guillermo Botero Cotes, Francisco García Payares, Baldomero Rosado Quintero, César Torres y Carmen Alicia Rivera, esta última que tras presentar un recurso de reposición fue admitida.

Entre tanto, Álvaro Iglesias, José Guillermo Botero Cotes y César Torres presentaron acciones de tutela que tenían las mismas pretensiones, por lo que las tres fueron unidas en un mismo proceso.

En ese sentido, de los tres a Botero le negaron la tutela, igual a César Torres porque no presentó el certificado de vecindad como prueba dentro del proceso, mientras que al único que el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar le amparó sus derechos fue a Iglesias Ibarra.

Según el fallo, a Iglesias Ibarra le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso al desempeño de funciones de cargos públicos, elegir y ser elegido, por lo que el Juez le da 48 horas al Tribunal de Garantías de la universidad admita la inscripción de este. También ordena el juez levantar la medida cautelar del 27 de mayo donde se había suspendido el calendario electoral.