El Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, solicitada por la defensa del exgerente de Dusakawi, Enoc Clavijo Franco, y el exrepresentante legal de la firma Shaya, Hernán Elías Osorio Villero, sindicados de presuntamente liderar un desfalco contra la EPSI indígena Dusakawi en Valledupar.

En la diligencia, el togado habría considerado que los elementos presentados por la defensa no corresponderían a la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento solicitada por las partes, según manifestó la defensa.

El recurso lo interpusieron amparados en una figura del Código Penal, en el Artículo 318. “La solicitud presentada se debe a una figura del código que expresa que se puede pedir la revocatoria de medida de aseguramiento cuando las pruebas conseguidas con posterioridad a esta demuestren que desaparece la insolencia razonable de autoría. Nosotros nos dedicamos a conseguir pruebas, y según nuestras hipótesis no hubo apoderamiento de los recursos públicos sino una relación contractual entre Dusakawi y Hernán Osorio, en una época de crisis de la empresa”, manifestó a EL PILÓN Oscar Iván Hernández, abogado de los implicados, quien además agregó que apeló la decisión del juez.

Los acusados están privados de la libertad desde mediados de marzo pasado, cuando fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, por los delitos de peculado en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer delito contra la administración pública. Siendo así, Enoc Clavijo Franco, custodiado por guarniciones indígenas, por su condición étnica, mientras que Hernán Elías Osorio permanece en un centro penitenciario de la ciudad.

A los sindicados junto con otras personas, la Fiscalía General de la Nación los acusa de orquestar un desfalco en la institucionalidad de $ 3.905 millones. Entre esos la firma Shaya, representada por Hernán Elías Osorio Villero, que realizó presuntamente pagos por $ 1.609 millones, a la Comercializadora Suministros & Suministros, otro por $ 2.105 millones, y a una tercera persona por $ 190 millones, aparentemente de manera irregular.

Hasta el momento los implicados desde el mes de agosto de 2017 están a la espera de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, decida si la petición de la defensa procede para ser juzgado bajo la jurisdicción indígena y no por la ordinaria.