El Juzgado Segundo Penal Ambulante negó ayer la solicitud del abogado Cervando Gutiérrez, en el sentido de sustituir la medida intramural de su defendido por domiciliaria argumentado con elementos materiales probatorios que su cliente está padeciendo una enfermedad grave.

El caso hace referencia a uno de los procesados en la millonaria defraudación al sistema pensional. Se trata de José Miguel Meléndez Vega, de 42 años, propietario de un local comercial de frutas y verduras en el barrio Garupal de Valledupar, quien según su apoderado no puede continuar en la Cárcel Judicial, a raíz de su estado de salud, que día a día se deteriora por falta de medicamentos y una adecuada atención médica, que no es competente dentro del penal.

Lo anterior tuvo lugar ayer viernes al término de una audiencia especial solicitada por el presunto afectado, a través de su abogado, quien dentro de la entrega de las evidencias para consolidar la solicitud no entregó una certificación de un médico legista, sino un galeno particular, lo que para las autoridades judiciales podría prestarse para un beneficio personal.

Luego de la amplia exposición del abogado defensor sobre la solicitud en referencia, la Fiscalía 16 Contra el Patrimonio Económico rechazó esos argumentos, solicitando al juez que la denegara, por cuanto el procesado hacía parte de un ‘entramado’ delincuencial, cuyos tentáculos no solo permeaba a la Junta Regional de Calificación, sino a la rama judicial, y un ejemplo de ello, fue la captura de sus funcionarias. Según la Fiscalía, la habría sobornado ofreciéndole dinero para tramitar acciones de tutelas para beneficiar a las personas pendientes de pensionarse de manera irregular, y que según el ente acusador, él estuvo detrás de ese soborno.

El solicitante de la medida privativa de la libertad, recordó la Fiscalía está acusado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y estafa agravada. Los demás procesados son nueve profesionales, entre médicos, abogados, psicólogos, tramitadores los que están asegurados en el pabellón especial de la cárcel judicial por este mismo proceso de Colpensiones, en el que resultaron afectados además el sistema financiero y empresas mineras, cuya defraudación está estimada en unos 90 mil millones de pesos.