Se busca concertar:
Riohacha
En aprietos se encuentra la administración municipal de Riohacha, que debe acatar un concepto de la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, que ordena sancionar a los expendedores ilegales de combustibles; es decir, los llamados pimpineros.
La situación no es fácil para la administración municipal, pero el concepto debe acatarse, aseguró el Personero Municipal, Jaime Peralta Brito; de lo contrario el Alcalde se expone a una sanción disciplinaria.
En sus apartes, el Consejo de Estado ordena al municipio de Riohacha iniciar los procedimientos administrativos para sancionar a los expendedores informales de combustibles líquidos derivados de petróleo, que no cuentan con la autorización legal para ello.
En ese sentido, el alcalde Jaider Curiel Choles, afirmó que debe sujetarse a la ley, pero que inicialmente se socializará el concepto con todos los pimpineros quienes venden gasolina sin las mínimas condiciones de seguridad arriesgando sus vidas y las de otras personas.
El funcionario aseguró que la situación es delicada si se tiene en cuenta que es una forma de ganarse la vida, pero sin cumplir los mínimos requerimientos de seguridad. Anotó, que la venta de gasolina en la ciudad ha crecido de forma alarmante, al punto que la venden en zonas residenciales, cerca a instituciones educativas, en avenidas, y todos estos puntos se convierten en verdaderas “bombas de tiempo”.
Explicó que la jornada de socialización se cumplirá con la esperanza que los pimpineros entiendan la medida, buscando de forma concertada una aplicación a un concepto que busca prevenir desastres en la ciudad y eventuales daño a la población.
Se estima que más de mil personas en Riohacha se dedican a la venta de gasolina ilegal en pimpinas.
Por su parte, el Personero Municipal, Jaime Peralta Brito, reconoció que el tema no es fácil, pero advirtió que debe cumplirse porque de lo contrario el alcalde Jaider Curiel Choles, podría ser objeto de una investigación disciplinaria.
Puntualizó, que se deben agotar todas las instancias del dialogo, para buscar una solución benéfica para las partes involucradas en al fallo del Consejo de Estado, que pretende defender el derecho a la seguridad y la prevención de desastres.
