La decisión de Washington de enviar tres buques de guerra y alrededor de 4.000 militares a la región fue presentada como una operación antidrogas. Sin embargo, Caracas lo interpretó como una amenaza directa. De acuerdo a France24, en la nota “El despliegue de Trump en el Caribe: ¿misión antidrogas o un plan contra Maduro?”, publicado el 22 de agosto de 2025, este movimiento responde a la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano y a su interés de neutralizar lo que considera un “narcoestado” aliado con organizaciones insurgentes colombianas.
En la misma línea, el artículo “¿Va a invadir Estados Unidos a Venezuela?” de Infobae, del 24 de agosto de 2025, recordó que la llamada Doctrina Trump amplió la definición de amenaza a la seguridad estadounidense para incluir al crimen organizado transnacional. En ese marco, los supuestos vínculos del chavismo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC son usados como justificación para el despliegue.
El magíster en Geopolítica, Juan David Otálora Sechague, complementa esta visión al advertir que el despliegue de buques y submarinos “responde más a una estrategia de guerra psicológica que a una inminente intervención militar”. Según él, la administración de Donald Trump es “una política exterior impredecible” que se caracteriza por “idas y vueltas” en política exterior, lo que genera un clima de incertidumbre.
En ese sentido, esto implica que “los actores regionales, incluido el Cesar, deben leer el movimiento no solo en clave militar, sino como parte de un ajedrez mayor que combina presión diplomática, control narrativo y disputa energética, dado que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo probadas del mundo”.
Más allá de la dimensión militar, lo que se configura es un pulso por la narrativa internacional. Si Estados Unidos instala la idea de que Venezuela es un “narcoestado”, legitima sus movimientos en el Caribe y presiona a sus aliados regionales.
Para Colombia y, en particular, para el Cesar, esto implica vivir en un entorno de inestabilidad permanente donde la política exterior de Washington condiciona el debate interno sobre seguridad y economía. No es casual que en la región se hable menos de desarrollo y más de contención: la lógica de la amenaza permea cualquier discusión local.
Ese tablero internacional no queda aislado; al contrario, sus efectos se filtran de manera directa sobre departamentos como el Cesar.
El Cesar como retaguardia y frontera activa
El impacto de estas tensiones internacionales se siente de forma particular en el Cesar. Expertos consultados por EL PILÓN señalaron que entre Valledupar y La Paz existe un corredor de salida de droga hacia La Guajira y hacia Venezuela, un flujo que ninguna fuerza de seguridad ha logrado contener. En palabras de uno de ellos, quien pidió reserva de identidad, “mientras no se adopten políticas de Estado responsables y alternativas más allá de la coerción militar, el narcotráfico seguirá encontrando en el Cesar y el Tibú corredores estratégicos”.
Además, asevera el experto, la geografía lo convierte en retaguardia. Con ello concuerda una nota de la Cámara de Comercio de Valledupar, titulada “El Cesar ante la apertura de la frontera con Venezuela”, publicada el 27 de septiembre de 2022, en la cual establece que, aunque el departamento no tiene un paso fronterizo reconocido con aduanas hacia Estado Zulia, comparte 150 kilómetros de límites con Venezuela en siete municipios, lo que lo conecta de manera informal al movimiento de mercancías y personas.
De acuerdo con la misma nota, esta dinámica está hoy bajo el control de fuerzas paraestatales, lo que mantiene al Cesar en una condición ambigua: sin frontera viva formal, pero profundamente afectado por el comercio ilícito.
El experto en geopolítica consultado por EL PILÓN precisa que, aunque Valledupar está a más de mil kilómetros de Caracas, “el Cesar hace parte de una región estratégica más amplia: el Caribe, por donde transitan economías legales e ilegales”.
En su lectura, cualquier escalada militar en Venezuela puede tener un impacto indirecto en el Cesar a través del fortalecimiento de actores armados que aprovechen los reacomodos de rutas ilegales. Esto no significa un impacto directo inmediato, pero sí un aumento en riesgos de desplazamiento poblacional, circulación de armas y expansión de grupos como el Clan del Golfo.
Lo que plantea el experto deja ver una paradoja: el Cesar no es frontera formal, pero su posición lo convierte en un nodo clave de la región Caribe. Eso significa que, aunque la tensión militar se concentre en La Guajira o Norte de Santander, los efectos terminan “filtrándose” hacia el Cesar en forma de reacomodo de economías ilegales.
Dicho de otro modo, el departamento absorbe las consecuencias sin tener los beneficios de ser frontera viva. Esta condición periférica lo hace aún más vulnerable: recibe los impactos de las dinámicas regionales, pero con menos herramientas institucionales para enfrentarlos.
Oportunidades y riesgos de la reapertura
La reapertura de la frontera, anunciada por el presidente Gustavo Petro el 26 de septiembre de 2022, fue recibida con optimismo por los empresarios. Conforme a lo señalado por EL PILÓN, en su nota periodística “¿Cómo impacta la apertura de la frontera al Cesar?”, publicado ese mismo día, expertos subrayaron que Venezuela “es el principal destino natural por la cercanía y hábitos de mercados similares”. Sin embargo, advirtieron que en el Cesar los retos son enormes: desde el narcotráfico en la Serranía de Perijá hasta el contrabando de ganado y gasolina.
En ese mismo artículo, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, José Luis Urón, explicó que la reapertura debe ser gradual y “sobre la base de la legalidad”, con un no rotundo al contrabando y un refuerzo de la seguridad en las trochas ilegales. Asimismo, EL PILÓN recogió su advertencia sobre la gasolina: “En Venezuela no hay gasolina para surtirnos como lo hacían antes. Al Cesar ingresaban 10 millones de galones mensuales, eso no va a tener la bonanza como en el pasado”.
En este punto, el analista en Geopolítica fue enfático: “Una situación de inestabilidad es una oportunidad clave para las organizaciones armadas al margen de la ley”. A su juicio, grupos como el Clan del Golfo aprovecharían esa coyuntura para expandirse en municipios del Cesar mediante actividades como minería ilegal, narcotráfico y extorsión.
La apuesta binacional: Zona de Paz y Desarrollo
En medio de este escenario, Colombia y Venezuela firmaron en Caracas un memorando de entendimiento para crear la Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo. Por tanto, EL PILÓN, en su publicación “Maduro propone incluir al Cesar en zona de paz y desarrollo entre Colombia y Venezuela” del 23 de julio de 2025, reportó que el acuerdo busca diversificar la producción, impulsar el agro, fomentar proyectos conjuntos en educación y cultura y sustituir cultivos ilícitos.
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El presidente Nicolás Maduro aseguró que el proyecto incluye a Norte de Santander, La Guajira y el Cesar, además de los estados de Táchira y Zulia. La ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, lo presentó como “una oportunidad histórica para el desarrollo inclusivo y sostenible”, mientras que el entonces jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, subrayó que se trata de “comunicar realmente a Colombia y Venezuela, no como en el pasado, cuando mafias buscaron dividirlas”.
Para el Cesar, este marco podría consolidar la Zona Especial de Exportación creada bajo la Ley 677 de 2001, que otorga incentivos tributarios y aduaneros para dinamizar el comercio y que cuenta con un potencial agroindustrial. Expertos consultados por EL PILÓN señalaron que, si se aprovecha la producción de frutas, hortalizas y ganado, el departamento podría convertirse en despensa para el Caribe, desde República Dominicana hasta Trinidad y Tobago. Pero también advirtieron que la corrupción y la falta de infraestructura vial amenazan con diluir ese potencial.
La idea de una Zona Binacional de Paz suena atractiva en el papel, pero la experiencia histórica muestra que los grandes acuerdos suelen chocar con la realidad local. En el caso del Cesar, el potencial agroindustrial está ahí, pero choca con la precariedad de sus vías, la corrupción y la débil presencia estatal en zonas rurales. En ese sentido, más que confiar en promesas huecas, el desafío es aterrizar la cooperación en proyectos concretos que transformen realidades locales.
Contradicciones en el terreno: narcotráfico, contrabando y violencia
La Cámara de Comercio de Valledupar, en la publicación mencionada con anterioridad sobre la apertura de la frontera con Venezuela en septiembre del 2022, insistió en la necesidad de consolidar la vía Cúcuta, Río de Oro, Aguaclara y Gamarra para conectar al departamento con corredores internacionales de exportación. Sin esas conexiones, cualquier intento de convertir al Cesar en plataforma comercial quedaría incompleto.
En paralelo, expertos consultados por EL PILÓN señalaron que mientras en el lado venezolano de la Serranía del Perijá se observa recuperación ambiental, en el lado colombiano la deforestación y la minería ilegal siguen avanzando. Esto refuerza la necesidad de una integración que no solo piense en lo económico, sino también en la sostenibilidad ambiental.
Según Otálora, el discurso estadounidense que presenta al presidente Nicolás Maduro como líder de un “cartel narcoterrorista” abre un frente de incertidumbre. “Si el Cartel de los Soles no está, el Clan del Golfo ocuparía su lugar en el narcotráfico”. Además, cuestionó la existencia misma de dicho cartel, recordando que “la inteligencia militar colombiana no tiene información que lleve a considerar su existencia”. Para el Cesar, esto significa que la presión internacional puede reacomodar las rutas ilegales hacia su territorio, aumentando la actividad de contrabandistas, narcotraficantes y grupos armados.
Este punto abre un debate mayor: ¿qué tan reales son los enemigos que Estados Unidos coloca sobre la mesa? La duda sobre la existencia del Cartel de los Soles revela cómo las etiquetas geopolíticas pueden justificar intervenciones, pero también cómo generan impactos reales en los territorios. En el Cesar, que los flujos ilegales se reacomoden no depende tanto de si existe o no ese cartel, sino de la capacidad de los grupos locales para ocupar esos vacíos. El problema, entonces, no es Caracas, sino la forma en que las disputas globales dejan grietas que organizaciones como el Clan del Golfo saben aprovechar.
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¿Retaguardia criminal o epicentro de desarrollo?
La pregunta no es retórica. El Cesar se mueve en un filo muy delgado ya que, de un lado, está el riesgo de consolidarse como retaguardia criminal; del otro, la oportunidad de proyectarse como epicentro de desarrollo binacional. La balanza dependerá de cómo se articule la acción estatal y la cooperación internacional. Si el discurso de paz y desarrollo no se traduce en inversiones concretas en educación, infraestructura y seguridad, la opción criminal seguirá teniendo ventaja. Y es aquí donde la política nacional y regional se juega su credibilidad: demostrar que es posible transformar una coyuntura geopolítica en un proyecto territorial sostenible.
Así pues, la paradoja es evidente: mientras Estados Unidos despliega barcos en el Caribe y Venezuela y Colombia hablan de paz y desarrollo, en el Cesar conviven las expectativas de integración comercial con la persistencia de contrabando, narcotráfico y violencia. El departamento encarna la tensión entre dos modelos: uno ilegal, basado en economías ilícitas, y otro legal, que podría convertirlo en plataforma de exportación y desarrollo binacional.
Así mismo, el International Crisis Group en un artículo publicado el 20 de febrero del 2022 con el título “Un exceso de armas: cómo frenar la amenaza de los grupos violentos a Venezuela”, advirtió que la presión internacional sobre Caracas puede generar un “desbordamiento” de violencia y criminalidad hacia los países vecinos, un riesgo que toca de lleno al Cesar. La idea no es ser solo víctima de este pulso internacional, sino transformar la coyuntura en oportunidad: articular sus vocaciones productivas, fortalecer la institucionalidad y blindar a sus comunidades frente a la captura criminal. La seguridad regional, en últimas, también se juega en el departamento.
El Cesar, en últimas, es un espejo donde se reflejan las contradicciones regionales debido a que mientras las potencias juegan al ajedrez militar y los gobiernos hablan de integración, los territorios siguen lidiando con problemas cotidianos como la falta de vías, la violencia rural o la posibilidad de nuevas migraciones. Ese contraste entre lo local y lo global explica por qué el Cesar no puede seguir siendo tratado como territorio secundario: lo que ocurra allí marcará el rumbo de la frontera colombo-venezolana en los próximos años.
Por Luis Ángel Beleño Royero / EL PILÓN.
