Aunque solamente ha transcurrido algo más de cien días desde la apertura de las inscripciones de cédulas, en varios municipios se registran porcentajes superiores al 4% en la inscripción con respecto al censo electoral.

 Cinco de los 33 municipios que se relacionan en esta alerta, habían sido reportados por la Procuraduría en el 2011 al evidenciarse, como ahora, un comportamiento atípico en los registros de inscripción de cédulas.
En el Cesar se encuentran los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril y Manaure, mientras que en La Guajira están las poblaciones de Albania, El Molino y La Jagua del Pilar.

Albania es uno de los que tiene mayor atipicidad en el porcentaje de inscritos sobre el censo electoral con el 11,90% y el 9,83% respectivamente. Este mismo municipio, al igual que La Jagua de Ibirico había sido reportado por la Procuraduría en el 2011, al evidenciarlos con un comportamiento atípico en los registros de inscripción de cédulas, situación que actualmente también se repite.

Ante este fenómeno, la Procuraduría General de la Nación alerta a las autoridades competentes por el riesgo de trashumancia electoral, fenómeno comúnmente conocido como “trasteo de votos”.

El Ministerio Público también llamó la atención a las autoridades electorales para que adopten las medidas necesarias que permitan prevenir situaciones que atenten contra la transparencia del ejercicio democrático local del próximo 25 de octubre, donde los colombianos podrán elegir autoridades locales como gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales de sus territorios.

De comprobarse infracciones a las normas vigentes, se deben dejar sin efecto las inscripciones de los ciudadanos que no residen en la localidad donde pretendan ejercer el derecho al voto, con el fin de evitar que quien no resida, no trabaje o no ejecute actividades de tipo comercial en el respectivo municipio, entre a decidir y en consecuencia distorsione la voluntad popular de quienes en realidad son residentes, como el posible caso de trasteo de votos que denunciaron los líderes políticos de algunos partidos del municipio de Pueblo Bello. Según ellos, en época electoral muchas personas se inscriben en su población y ellos son los que terminan decidiendo por ellos.

De otra parte, llama la atención que dentro del consolidado estadístico que se lleva por parte de la Registraduría Nacional, a la fecha, nueve municipios aparecen sin reporte de inscripciones en los que se encuentra San Diego y Tamalameque.

Este organismo de control les solicitó a las autoridades electorales precisar si allí no se ha inscrito ciudadano alguno, o si se trata de una omisión por parte de los registradores responsables de remitir la información para consolidar los datos en el nivel central.
Mientras tanto, el delegado de la Registraduría en el Cesar, Óscar Maya dijo que en los pueblos pequeños es normal que suceda esto porque algunas veces el proceso de inscripción lo deja para última hora o no están muy interesados en el proceso.

Este organismo de control invita a la ciudadanía a presentar las quejas por posibles irregularidades en la inscripción de cédulas, que podrán allegarse directamente a las personerías municipales, Registradurías, procuradurías regionales y provinciales.

Maya indicó que la Registraduría del Cesar se encuentra atenta ante esta situación pero aclaró que el Consejo Nacional Electoral tiene todas las herramientas virtuales que la Registraduría le facilita para monitorear el índice de inscripción de cédulas diariamente.
El delegado también manifestó que en los municipios donde más se presenta trashumancia son los mineros, esos que reciben regalías. “Hasta el momento no hemos recibido anotaciones de estos casos en el Cesar, pero si nos damos cuenta de irregularidades en el proceso inmediatamente se le avisa al Consejo Nacional Electoral que es el encargado de velar por el buen desarrollo del proceso electoral”.

La Procuraduría advierte a las administraciones municipales y departamentales del sector central y descentralizado, acerca de las prohibiciones del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales” que sustenta que a partir del próximo 25 de junio hasta el 25 de octubre no se deberá celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

Katherine Villazón/EL PILÓN
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