El caso de Angélica Bello, defensora de Derechos Humanos que fue hallada muerta en su residencia en el municipio de Codazzi el pasado 16 de febrero, ha tenido un amplio despliegue nacional por los extraños hechos que rodean su muerte, pero también por la ineficiencia e ineficacia con que atienden a una mujer que ha sido víctima abuso sexual, de violencia, amenazada y desplazada (http://elpilon.com.co/iniciono-descartan-homicidio-en-caso-de-defensora-de-derechos-humanos/).

La historia de esta líder que había pasado mil batallas y que vino a refugiarse al municipio de Codazzi, puede ser la historia repetida de las miles de mujeres que han sido víctimas del abuso sexual en el marco del conflicto armado o de la violencia intrafamiliar. Angélica Bello tenía medida de protección, coordinada desde la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior y Justicia, y aún así murió trágicamente -la Corte Constitucional pidió un informe detallado de los hechos, pues no quedó satisfecha con la investigación preliminar entregada por las autoridades sobre el posible suicidio de Angélica-.

Si esto pasa con una mujer que ya tenía un reconocimiento nacional, que contaba con un esquema completo de seguridad, que quedará para las mujeres que no tienen siquiera acceso a la justicia porque no encuentran respaldo en las instituciones que deben protegerlas. Sólo para analizar las violencias de que son víctimas las mujeres en el Cesar, en Valledupar donde se concentra el mayor número de cesarenses, es necesario hacer un balance de la aplicación de la Ley 1257 de 2008, que determinó normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las  mujeres, y reformó los Códigos Penal y de Procedimiento Penal.

Para comenzar, esta Ley exige a los gobiernos Nacional, departamentales, distritales y municipales, divulgar ampliamente y en forma didáctica en todos los niveles de la población, las disposiciones de dicha Ley. En Valledupar y el Cesar no se ha hecho. Sólo una iniciativa privada, como la Campaña ‘Párala ya, nada justifica las violencias contra las mujeres’ lo ha hecho, sin contar con el apoyo decidido y permanente de las administraciones municipal y departamental.

También determina la Ley 1257 crear y mantener en funcionamiento la ruta de atención, en la que deben involucrarse la Fiscalía, Policía Nacional, el ICBF, las secretarías de Salud, Comisarías de Familia, Medicina Legal, Ministerio Público, Instituciones Educativas, ONG, sociedad en general, porque es un tema que compete a todos. Ejemplo de esto, lo ha dado Cartagena, donde el Distrito lidera y mantiene la ruta de atención.

El Cesar ocupa el primer puesto en la Costa Caribe y a nivel nacional el cuarto lugar, con mayores casos de violencia física. Sin embargo, las mujeres ya han dado un paso en un largo camino y se atreven a denunciar más. Ejemplo de ello, fue la masiva asistencia de mujeres y hombres a un evento realizado la semana anterior por la Fundación Carbaondes, con la presencia de tres voluntarias de la Asociación para la Acción Voluntaria del Caribe y las Américas – FAVACA-, donde se evidenciaron múltiples casos de violencia, que hoy desconocen las autoridades. La ruta de atención es necesaria. En este tema no valen los pañitos de agua tibia, ni las apariciones mediáticas en días específicos ni en estrategias millonarias que no crean conciencia.