El inicio del Mes del Orgullo en Valledupar y La Paz se ve ensombrecido por la persistente violencia y discriminación que enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) en el departamento del Cesar. Historias de agresiones físicas, violencia institucional, discriminación y negligencia estatal se entrelazan en un contexto donde la impunidad y la falta de garantías para la vida digna de las mujeres LBT siguen siendo la norma.
Cifras alarmantes y un contexto hostil
El informe anual de Caribe Afirmativo, “Con permiso para Despreciar”, revela que en 2024 se registraron en Colombia 164 homicidios/feminicidios de personas LGBTIQ+, lo que representa un aumento del 3,79 % respecto al año anterior. En el Cesar, la violencia persiste con severidad: cuatro homicidios, amenazas constantes y una “ausencia del Estado y la ineficacia de las rutas de protección o justicia en el territorio”. El informe advierte que la cifra oficial es solo la punta del iceberg, pues existe “un grave subregistro asociado al temor a represalias, la revictimización institucional y la falta de confianza en las rutas oficiales de denuncia”.
Testimonios desde la calle y el hogar
Las mujeres LBT relatan agresiones verbales y físicas en espacios públicos y privados. Una joven lesbiana de La Paz cuenta: “Un joven por mi casa me agredió verbalmente, me dijo ‘Esa hp lesbiana’. La mayor agresión que tenemos es por parte de los hombres”. Cuando llegó la policía, lejos de mediar, “nos iban a poner era comparendo. Independientemente de que yo sea lesbiana, ellos tienen es que mediar, no venir a ponerme comparendo. El tipo como venía con escoltas y arma, a él no le dicen nada. Es muy difícil defenderse”.
La violencia familiar también marca la vida de muchas. Una mujer lesbiana de Valledupar fue abusada por un miembro de su familia desde niña y no se atrevió a denunciar hasta la adultez. El 20 de enero de 2025 acudió a la comisaría de familia, pero “no fue atendida”, lo que evidencia una grave negligencia institucional.
Discriminación y violencia institucional
La violencia no solo proviene de la sociedad, sino también de las instituciones. Una mujer bisexual migrante, tras ser agredida físicamente por su pareja, acudió a la policía para denunciar. Los agentes, lejos de brindarle protección, le dijeron: “Otra vez”. Ella relata: “No es la primera vez que me acerco a la policía, quienes en lugar de tomarme la denuncia, me ‘recomiendan’ que deje a mi pareja”. Ante la falta de apoyo, “solo le quedaba regresar a casa con su maltratador”.
En los servicios de salud, la discriminación es recurrente. Una mujer lesbiana en Valledupar cuenta cómo, al solicitar una citología, el médico le preguntó insistentemente sobre su vida sexual con hombres, y consignó en la historia clínica: “Dice haber sido bisexual”. Durante el examen, el médico hizo comentarios inapropiados sobre su cuerpo: “pero son tan bonitos”, en referencia a sus senos. “Se nos cuestiona desde la orientación y no desde el problema de salud por el que acudo. Esto conlleva a que deje de asistir a consultas”, denuncia otra mujer.
En el sistema educativo, las estudiantes LBT enfrentan burlas, acoso y discriminación por parte de docentes y compañeros. En el caso de una joven lesbiana de Prudencia Daza, se vulneró su derecho a la educación por su orientación sexual.
Desprotección y revictimización
La situación de las mujeres trans es especialmente alarmante. En el mercado de Valledupar, Tiffani, una mujer trans migrante, fue asesinada por una multitud en un acto de odio. “Constantes violencias hacia las mujeres trans”, señala el testimonio, mientras que los mecanismos de protección brillan por su ausencia.
Violencia económica y desalojo por orientación sexual
La violencia también adopta formas económicas. En 2014, una pareja de lesbianas en Valledupar fue notificada verbalmente de desalojo cuando el arrendador supo de su relación. Al buscar ayuda en las comisarías de familia y la inspección de policía, “se niegan a atenderles”. Solo en una comisaría les dicen: “el arrendador tiene el derecho completo sobre el inmueble, por lo tanto decidir quién vive y quién no es su inmueble”. Sus derechos a la vida digna y a la vivienda fueron vulnerados.
Caribe Afirmativo exige a las autoridades locales y departamentales “medidas concretas y sostenidas para la protección de las personas LGBTIQ+ en el territorio”, incluyendo la construcción de una política pública LGBTIQ+ municipal, garantías reales de seguridad, rutas de denuncia sin revictimización y capacitación obligatoria en derechos humanos para funcionarios.
El mes del Orgullo debe ser un recordatorio de la deuda histórica con las mujeres LBT en Valledupar y La Paz. Sus voces y experiencias, lejos de ser invisibilizadas, exigen justicia, protección y dignidad.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
