Mientras que a nivel local se ha venido discutiendo en el seno del Concejo Municipal, quién deberá ocupar el cargo de Contralor Municipal en Valledupar tras una vacancia decretada por el Consejo de Estado, a nivel nacional se teje la idea de suprimir las contralorías territoriales, producto de una iniciativa del Contralor General de la Republica, Edgardo Maya Villazón, iniciativa que goza del respaldo y bendición del presidente Santos, según se dio a conocer en el marco de una reciente sesión de la Comisión Nacional de Moralización, luego de hacer los balances de la cifras que se invierten en las 63 contraloría territoriales, por cerca de 250 mil millones de pesos, frente al lánguido y anémico resultado que se obtiene para recuperar los dineros públicos elevados a faltante fiscal, que suman solo 1.500 millones de pesos.

Pero en el fondo lo que pienso es que más allá del costo-beneficio de este ejercicio matemático, el motivo que da sustento a la propuesta del Señor Contralor, es el foco de corrupción que se genera en estos órganos de control, como así lo ha venido expresando el doctor Maya Villazón en los diferentes medios de comunicación, sintetizado en las siguientes palabras: “las contralorías se volvieron un nido de extorsión a nivel local, es decir, te investigo o no te investigo a cambio de un cobro”. Aunque no me atrevería a lanzar juicios de desvalor, ni hacer acusaciones, ni señalamientos, lo cierto es que lo que dice el señor Contralor guarda una estrecha relación con lo que se rumora entre los investigados fiscalmente que son en su mayoría alcaldes, quienes sin tapujos ni reservas señalan que a la Fiscalía y a la Procuraduría solo llegan aquellos casos que no pudieron ser objeto de negociación por parte de las comisiones auditoras por las excesivas sumas que piden a cambio de un auto de archivo.

Estoy de acuerdo que se haga un frente común de lucha contra la corrupción y que se mejore el sistema de control fiscal hoy existente, llevándolo de un control posterior y selectivo a un control real y efectivo, más enfocado a prevenir, asesorar y mejorar procesos, que a juzgar conductas, porque en muchos de los casos, cuando se quiere auditar la ejecución de un contrato, ya se ha consumado un daño patrimonial y nada que hacer; pero la iniciativa de crear un Tribunal de Cuentas, en reemplazo de las contralorías territoriales, como instancia jurisdiccional, que tendría como función tramitar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, si bien es cierto pueden ser más garante y más ecuánimes a la hora de las investigaciones con implicaciones fiscales, ello equivale a reversar las conquistas regionales y locales en materia de descentralización territorial y política y regresar al rancio y egoísta sistema centralista con todas las desventajas que ello implica en un estado conformado como Republica Unitaria, con raíces profundas en la fría capital, donde ha prevalecido la concentración del poder.

De todas maneras, salga sapo o salga rana de la iniciativa propuesta, la entidad a crear tendría un grande reto y es asumir la vigilancia de más de 6.000 entidades objeto de control, sin incluir las instituciones educativas hoy a cargo del control fiscal territorial. Ojalá no resulte ser más dañino el remedio que la enfermedad y sea la corrupción la que salga fortalecida. Dios proveerá.