No es de extrañar que entre las conclusiones de la Misión Rural y el acuerdo número uno de la agenda de La Habana (desarrollo rural y acceso a la tierra) haya coincidencias importantes. Más aún, cuando se vayan a implementar los acuerdos agrarios en un eventual postconflicto, el informe de la Misión Rural va a ser de gran utilidad.

En cuanto al tema de tierras la misión rural parte de la base de que, respetando la legalidad y el estado de derecho, en Colombia se impone una profunda transformación de las estructuras agrarias. Hay excesiva concentración de la tierra  de una parte; pero al mismo tiempo en algunas comarcas como Nariño o Boyacá hay excesiva fragmentación, o sea minifundio improductivo que es necesario corregir.

Igualmente hay un alto índice de informalidad en la tenencia de la tierra: cerca de 50% de los predios en Colombia quienes los trabajan no cuentan con escrituras. La Misión recomienda adelantar, o proseguir pues ya se está empezando a implementar, una profunda política de formalización de la propiedad agraria por el sistema de “barrido” y la modernización del catastro rural.

Propone también la creación de dos nuevas entidades que se desprenderían de las funciones que hoy cumple el Incoder: i) la autoridad nacional de tierras, para que maneje con exclusividad todo lo concerniente a la problemática de la tierra, y ii) un fondo nacional de desarrollo rural que apoyaría todo lo relacionado con las políticas de apoyo al desarrollo rural con énfasis territorial.

La Misión parte del supuesto de que no se trata de repartir tierras “peladas” como se decía en los tiempos del antiguo Incora, sino que es preciso acompañar la dotación de tierras, la consolidación de minifundios y la formalización de la propiedad agraria, de más y mejores bienes públicos (riego y drenaje, vías, mercadeo, investigación, asistencia técnica, etc.) que hagan sostenible una nueva ruralidad en el país, en la que haya mejor calidad de vida. De tal manera que los indicadores, al cabo del periodo del postconflicto, vayan convergiendo con los que se observan en las ciudades.

La Misión recomienda lo que podríamos resumir en una frase: menos subsidios directos y más dotación de bienes públicos para el agro.

En síntesis, hay coincidencias importantes entre las recomendaciones de la misión rural y los acuerdos a los que se llegó en torno al punto número uno de la agenda de La Habana. Las conclusiones de la misión rural serán sin duda muy útiles para diseñar políticas agrarias más modernas, con sentido social, inclusivas y  más productivas durante el periodo del pos conflicto rural que se iniciará cuando se firmen los acuerdos de paz; a los que ojalá lleguemos pronto.

Y todo ello, dentro de un marco de respeto al derecho, a la propiedad legítimamente adquirida  y al debido proceso, sin expropiaciones atropelladas para nadie. Colombia tiene muchas tierras, y en su territorio pueden y deben convivir la grande, la mediana y la pequeña propiedad. No se trata de caer en un agrarismo pasado de moda ni de ignorar la importancia de la agricultura campesina.

Preocupa eso sí que ni en el presupuesto del 2016 ni en los programas de gastos revelados por el Ministerio de Hacienda figuran apropiaciones significativas para financiar el postconflicto que, según estimativos que se hicieron en la Misión Rural, requerirá inversiones adicionales del orden de un punto del PIB por año. Es decir, cerca de ocho billones de pesos anuales.