El ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, visitó la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y aunque no tuvo contacto con los presos en huelga de hambre, guardias del Inpec le informaron que eran 22 reclusos quienes reclamaban sus derechos de excarcelación y beneficios de amnistía e indulto, tras la protesta nacional propiciada por las Farc y hasta que salga el último preso político a la libertad.

Ante la protesta, el director de la penitenciaría, Luis Francisco Perdomo Claros, informó al ministro de Justicia que los protestantes no eran integrantes de las Farc, sino reos que en un acto de solidaridad se unen a los presos de la guerrilla para solicitar celeridad en el proceso de amnistía  y exigir la aplicación de los beneficios de la justicia transicional para recobrar su libertad.

Los jueces de ejecución de penas en un diálogo informal con el ministro en el interior de la penitenciaría, informaron que no tienen procesos represados y que están cumpliendo con el plazo de 10 días para atender las solicitudes de cada integrante de las Farc EP.

Otra información que surgió durante la visita del ministro, que la huelga es propiciada por internos que dicen pertenecer a las Farc, que no se cobijaron ante la Justicia Especial para la Paz y no hacen parte de los beneficios otorgados por el gobierno nacional para la amnistía, indulto y libertad condicional.

Según el juzgado de ejecución de penas, no se descarta que realmente sean de las Farc, como también reveló que a pesar del control del gobierno nacional, se han colado presos que hoy aparecen como integrantes del grupo subversivo, cuando realmente no lo son.

Gil Botero hizo referencia a una cifra que presentó Jesús Santrich, de 1.115 presos políticos que han recobrado la libertad y “que se sigue trabajando desde el Gobierno por intermedio del Alto Comisionado para la Paz y del Ministerio de Justicia, en compañía de la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Marta Lucía Olano, quien ha colaborado y ha dado instrucciones a los jueces respetando su independencia pero con la seguridad de que se le dará respuesta oportuna a los presos políticos”.

Alcalde solicitó su visita

Por invitación del alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, y del gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, el ministro de Justicia revisó el avance de los tres patios vetados por la Corte Constitucional para el ingreso de reos por no cumplir con las condiciones mínimas que garanticen sus derechos humanos.

Con la verificación de los patios, el ministro de Justicia informó que hace dos días solicitó a la Corte levantar el veto y expresó que “esta visita deja un balance positivo, pude verificar que la penitenciaría ya cumple con las condiciones de habitabilidad, porque se garantizan tres galones de agua por recluso y en esto tres meses estará lista la refracción de los tres pabellones donde podrían ser reubicados hasta 400 reclusos de la Cárcel Judicial”.

El predio para la judicial

El segundo tema por el que insistentemente el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía solicitaba la visita del Minjusticia, era para solicitarle apoyo ante la disposición de la administración municipal y el gobierno departamental de comprar un predio para entregárselo al Inpec y sacar la Cárcel Judicial del barrio Dangond, para reubicarla en cercanías a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad.

“El intercambio tiene un compromiso claro, y es que la judicial que hoy tenemos sea demolida y construir el parque soñado por la población de Dangond, Los Caciques y barrios aledaños”, expresó el mandatario.

Para el cumplimiento de este objetivo el alcalde dijo que ya se realizó el estudio previo de un lote, del cual se verificó que cumple con las indicaciones del Inpec y para ello se conformó una mesa técnica para la próxima semana de la cual harán parte el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y otras entidades vinculadas al tema carcelario.

El alcalde recordó el engaño con el que se construyó la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, que no reemplazó a la Judicial, sino que fue reservada para los presos peligrosos de todo el país y aseguró que no se repetirá la historia.

“Desde hace tres días, Jesús Santrich, miembro de la comisión de seguimiento de los acuerdos de paz, llamó a una huelga de hambre para darle celeridad a los procesos en los juzgados; aseguró que de los 3.400 presos reconocidos por la insurgencia, únicamente 900 han sido acreditados por el Gobierno”

Por: Adriana Palomo Molina