La asignación del nuevo salario mínimo por parte del Gobierno Nacional es una actitud displicente, que marca el presente y el futuro dentro de una óptica oscura, una visión apocalíptica, decisión desequilibrada desde todo punto de vista que deja huellas de desigualdad y que invitan a una profunda reflexión; mientras tanto crece en el país la insatisfacción al incremento salarial.

Lo anómalo de este polémico debate que debe reafirmar el compromiso en pro del bienestar general, más bien se encamina por senderos negativos que afectan el bolsillo de los más necesitados. Ni siquiera se había concertado la decisión cuando ya el alza acostumbrada en los productos de la canasta familiar, incluyendo la energía eléctrica era notoria. La decisión asumida por el gobierno no fue debatida, fue algo unilateral con el agravante que cada vez más en el país los asalariados con sueldo mínimo trataran de cualquier forma sobrevivir ya que este monto no alcanza para cubrir el sinnúmero de necesidades: canasta familiar, útiles escolares, uniformes, servicios públicos, vivienda, vestuario… En otras palabras, el Estado mismo está promoviendo para que la población realice cualquier tipo de triquiñuelas y esto tiene fundamento en el esfuerzo mismo que hacen los ciudadanos de a pie por sobrevivir y buscar una realidad con justicia social.

Según Alfredo Beltrán y José Gregorio Hernández exmagistrados de la Corte Constitucional expresaron que el decreto de ajuste salarial es inconstitucional, inequitativo e irrisorio; igualmente lo han señalado la centrales obreras que anuncian demandarán el decreto. El aumento salarial de este año del 7% fue absorbido por la inflación, en otras palabras perdió su poder adquisitivo. Según el Dane (Departamento nacional de Estadísticas) fue de 7.26%. Para el 2011 sucedió algo similar el ajuste salarial fue de 3.54, siendo la inflación de 3.58; lo que originó un segundo decreto con un 4%. Para este año podría correr igual suerte el incremento salarial, de lo contrario que surjan las demandas al respecto le correspondería conocerlas al Consejo de Estado y este se tomaría en sus decisiones meses; esto requiere una pronta solución.

El concepto unánime de sindicalismo en el país y gremios afectados piden del Gobierno Santos reforzar la formación moral y ética bastante deteriorada y maltratada por esta decisión ya decretada. En otros conceptos este ínfimo incremento del salario mensual difícil de entender por muchos es deliberado por el Estado, es un ejemplo del fracaso de la justicia en Colombia y de no procurar un manejo acorde al que está llamado. Es un mecanismo diseñado y dispuesto para que las violaciones persistan sin consecuencia para el Estado, aunque así el Estado se proclame como defensor de los desposeídos. Este es una realidad que se delata en el proveído mismo en los resultados nefastos para la clase trabajadora; por ello se necesita un análisis crítico y razonado con justicia, convicción y equidad, esta es la columna vertebral de este propósito de protesta.