Sin establecerse aún quiénes estarían detrás de los grandes negocios, algunos subsuelos del departamento del Cesar están siendo utilizados para la explotación minera ilegal de material de arrastre que al parecer son vendidos en el mercado de la construcción evadiendo impuestos.

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Así quedó evidenciado gracias a los constantes operativos que efectúa el Ejército Nacional, la Policía y Corpocesar en la región donde se ha encontrado que la actividad se desarrolla sin el otorgamiento de licencias ambientales.  

De acuerdo a Corpocesar, nada más en estos dos últimos meses se intervinieron más de cuatro canteras que funcionaban sin tener licencia ambiental.   

“Nosotros estamos combatiendo a fondo la ilegalidad. Siempre  buscan los sitios apartados y hasta allá estamos llegando, porque hemos decomisado camiones, retroexcavadora; estamos dándole duro al tema de la minería ilegal”, manifestó Pablo Emilio Becerra, asesor jurídico de Corpocesar.  

El último operativo se materializó en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde capturaron a ocho personas en condición de flagrancia desarrollando la actividad de manera irregular.

Además, las tropas del Batallón de Artillería N°2 La Popa y los funcionarios de la autoridad ambiental incautaron 7 tractomulas, 2 volquetas y una retroexcavadora.  

Los detenidos fueron judicializados por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales pero quedaron en libertad porque no les impusieron medida de aseguramiento en las audiencias preliminares.

Lo curioso es que en la mayoría de los operativos contra la minería ilegal son detenidos los empleados, quienes comúnmente son los operadores de las maquinarias, pero no se identifican los posibles dueños del negocio.  

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Al respecto,  el teniente coronel Henry Leguizamón Galindo, comandante del Batallón de Artillería N°2 La Popa, comunicó que desconocen puntualmente quiénes manejarían las operaciones mineras ilegales porque son procesos que ameritan investigaciones.  

“Se presume que son estructuras que involucran a varias personas de distintos sectores sociales, pero como tal las cabezas de esos proyectos son materia de investigación”, acotó Leguizamón Galindo.

Lo único cierto  es que dichas cabezas podrían ser ciudadanos con gran poder adquisitivo por lo costoso que resulta tener un número determinado de maquinaria pesada para llevar a cabo las operaciones mineras.

LA RENTABILIDAD  

De acuerdo al Ministerio de Comercio, la minería en el Cesar aporta al Producto Interno Bruto el 44,6 %. Sin embargo, los que la hacen de manera informal ponen en riesgo la sostenibilidad del territorio, además de evadir impuestos.

“Con la minería ilegal también pueden lavar activos o se puede evadir impuestos por parte de las constructoras porque compran el material ilegal, evitando hacerlo en una parte donde el Estado exige un costo de más a partir de las  normas. Se ahorran un dinero”, explicó el teniente coronel Henry Leguizamón. 

Por su parte, el asesor jurídico de Corpocesar, Pablo Emilio Becerra, indicó que dentro de sus acciones de control trabajan por identificar a los ciudadanos que mantienen y fomentan la actividad con la compra del material de construcción ilegal.

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Los sitios en los que se han detectado las actividades irregulares son terrenos localizados entre los municipios de Valledupar, Codazzi y Bosconia. Sin embargo, esta problemática es a nivel nacional y por eso el pasado mes de julio los ministerios de Minas y Energía, Defensa, Justicia, y Ambiente radicaron un proyecto de ley ante la Comisión Primera del Senado para judicializar con mayor contundencia toda la cadena relacionada con la explotación ilícita de minerales.

“Colombia tiene un problema grande de minería ilegal con aprovechamiento ilícito de recursos y eso que es grave comúnmente es visto como una conducta menor, como los pobrecitos que trabajan explotando los recursos de manera irregular. Acá en Colombia nosotros no somos dueño del subsuelo porque entonces cualquier persona propietario de finca podría realizar explotación minera, pero no pueden hacerlo sin los títulos y menos donde hay terrenos ancestrales o está la línea negra”, finalizó el comandante del Batallón La Popa.    

PANORAMA MINERO LOCAL

De acuerdo a la Secretaría de Minas Cesar, en el departamento hay 330 títulos mineros de los cuales 227 están vigentes y 103 tienen autorizaciones temporales. Estos a su vez están distribuidos de acuerdo al tipo de material explotado: 195 títulos son para la explotación de  materiales de construcción, 62 de carbón, 61 de otros minerales y 12 de oro y materiales preciosos.

“El material de arrastre es por la construcción porque genera un gran consumo de estos minerales, entonces es representativo la extracción de arena y grava. En Valledupar lo que más se explota es el río Cesar… en Guacoche, Guacochito, Las Garzas en el Puente Salguero, todo el río Cesar es explotado”, expresó Willinton José Fontalvo, técnico de la Secretaria de Minas Cesar.   

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Pero también hay explotación de materiales de construcción en los municipios de La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, La Jagua de Ibirico, Astrea y Curumaní, con las calizas; al igual que en El Copey, Río de Oro, San Alberto, Aguachica, Bosconia y Pueblo Bello, con las granitos.

“Esto genera unas regalías, pero actualmente, de acuerdo a la normativa, va directamente a la Agencia Nacional de Minería. No genera mucho porque de acuerdo a la norma se paga 21 pesos por cada metro cúbico, aunque varía de acuerdo al semestre.  Por la pandemia la explotación ha disminuido”, aseveró Fontalvo.